El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha constatado la "falta de coordinación", "sinergias" y "excesiva atomización" en las estructuras que canalizan la investigación en las cuatro universidades públicas de Castilla y León, al tiempo que ha reconocido que, aunque aumenta su producción científica, las posiciones que ocupan en los ránkings nacionales se "mantiene o empeora", debido, en parte, a que las instituciones académicas carecen de sistemas de evaluación de la eficacia y eficiencia del profesorado dedicado a estas labores.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante la comisión de Economía y Hacienda para presentar el informe de Fiscalización de la gestión de la investigación de las universidades públicas de Castilla y León, del Plan anual de 2016.

Amilivia ha ido desgranando un informe centrado en evaluar el seguimiento de la normativa a que están sujetas las universidades en la gestión de la investigación, así como en analizar los resultados obtenidos a través del estudio de sus indicadores de rendimiento y la consecución de los objetivos previstos.

En este sentido, el documento refleja las principales deficiencias, incumplimientos y debilidades en 31 conclusiones y lo estructura en tres apartados relacionados con las estructuras organizativas, análisis de la gestión y resultados de la investigación, según ha sintetizado en su intervención, recogida por Europa Press.

En cuanto al primer apartado del trabajo, Estructuras organizativas de la investigación en la Universidad, y más específicamente, las estructuras canalizadoras de la actividad investigadora, ha puesto de manifiesto una "atomización" de estas estructuras, que "dificulta" su papel de asistencia en el desarrollo de la actividad investigadora con 158 departamentos, 475 grupos de investigación y distintos centros de investigación.

Además, Amilivia ha explicado que en lo referido a los recursos humanos dedicados a la investigación, la convivencia en las universidades de las diferentes categorías de personal no está suficientemente coordinada ni se ha reconducido a un único itinerario, lo que produce una confusa configuración de la carrera administrativa del Personal Docente e Investigador (PDI).

Los diferentes sistemas de acceso a cada una de las categorías profesionales contribuyen a la "precariedad" del personal, al señalar que ha de recorrer una "amplia" trayectoria de sucesivas y diversas figuras contractuales temporales antes de poder acceder a una "contratación estable".

A 31 de diciembre de 2015 el Personal Docente Investigador de las cuatro universidades públicas sumaba 6.787 efectivos, la mayoría de ellos temporales (47%). En cuanto a la gestión de plantilla a efectos del desarrollo de la actividad investigadora, entre 2011 y 2015, la plantilla se redujo un dos por ciento. El personal funcionario se redujo en un 14 mientras que el contratado temporal se incrementó un 13 por ciento.

En relación al segundo apartado de los resultados del trabajo, el análisis de la gestión de la investigación, ninguna de las universidades dispone de un sistema para evaluar internamente la dedicación investigadora del profesorado a efectos de analizar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional, tal y como contempla la Ley Orgánica de las Universidades (LOU).

En este punto, ha recordado que los procedimientos de las universidades para calcular la carga docente del profesorado funcionario antes de comenzar el curso no siguen la filosofía de la modificación efectuada en la LOU, por lo que se produjeron situaciones que propiciaron que, en el curso 2015/2016, las instituciones exigieron a su profesorado funcionario 159.148 horas de docencia presencial menos que las que podrían exigírsele, una reducción del 21 por ciento.

Sin embargo, para los funcionarios con mayor perfil investigador, la carga docente asignada por curso prácticamente coincide con la exigida en la LOU, es decir, 160 horas. En cambio, para los funcionarios con un menor perfil investigador (mixto y docente), que son a los que la LOU exige 240 y 320 horas, las reducciones aplicadas son del 23 y 29 por ciento respectivamente.

En cuanto a los resultados de la investigación, para cuyo análisis se han tenido en cuenta los Informes de Fundación Conocimiento y Desarrollo, se constata un incremento en el volumen de producción científica, pero su posición en el ranking de las 48 universidades públicas españolas se mantiene o empeora.

RECOMENDACIONES.
El Consejo de Cuentas ha planteado 10 recomendaciones, tres dirigidas a la Junta, ocho a cada una de las universidades y una a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. con un grado de aceptación del 58 por ciento, ha constatado Amilivia.

Así, señala que la primera recomendación, aplicada por la Junta, se planteaba la inclusión como posibles beneficiarios de subvenciones de concurrencia competitiva los institutos universitarios de investigación; y respecto a la Agencia para la Calidad autonómica, esta ha aplicado la recomendación de unificar sus criterios con los de Aneca (la agencia nacional) en la evaluación de las figuras del profesor ayudante y del profesor contratado doctor, atribuyendo una mayor puntuación a la actividad investigadora de los candidatos.

Además, ha explicado, han atendido, también, otras recomendaciones como la referida a la publicación conjunta de las actividades de investigación gestionadas directamente o por sus fundaciones para lograr una mayor publicidad y transparencia de la actividad investigadora. Así, ha sido corregida por la UBU y aplicada parcialmente por la UVA.

La recomendación sobre la armonización de las condiciones de acceso, permanencia y salariales que debe cumplir el profesorado para poder ser nombrado como emérito se considera aplicada parcialmente por las universidades de Burgos y Salamanca. La recomendación relativa a regular reglamentariamente la forma de acreditación de la actividad profesional del profesor asociado exigida para su contratación o renovación, ha sido corregida por la Universidad de León.

Además, la recomendación para eliminar la figura del becario de investigación en aquellos supuestos en los que legalmente subsiste ha sido aplicada por las universidades de Burgos y León. La Universidad de León aplica parcialmente la recomendación que plantea diferenciar, dentro de los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU y de los convenios, los que tienen por objeto la investigación de otros de prestación de servicios.

La Universidad de Burgos aplica parcialmente la referida a la implantación de un sistema de evaluación de la eficacia y la eficiencia del profesorado universitario en el desarrollo de la actividad investigadora.

En otra recomendación, el Consejo plantea que las universidades cuantifiquen los costes indirectos que deben aplicarse a la actividad investigadora en base a criterios y normas de contabilidad generalmente aceptadas para lo que debería utilizar, una vez implantados definitivamente, los sistemas de contabilidad analítica.

Por último, Amilivia ha recordado se está elaborando en la actualidad el informe de 'Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas', que podría ser aprobado en el último trimestre de este año. La implantación de dicho modelo, ha afirmado, no avanza de igual manera en todas las universidades, tanto en las de Castilla y León, como en las del conjunto del país.