Todos los grupos con representaciones en las Cortes, excepto los dos procuradores de Podemos que se han abstenido, ha respaldado la modificación de la Ley de Presupuestos para flexibilizar el remanente presupuestario con el fin de afrontar los gastos derivados de crisis sanitarias como la del COVID, un cambio que ha contado con el respaldo de los socialistas pese a numerosas críticas.

En concreto, las Cortes han dado luz verde a la modificación normativa en la que se determina que, en determinados supuestos excepcionales de Emergencia de Salud Pública debidamente declarada, se habiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivados directamente de esa situación, así como otros que deban seguir atendiéndose para la correcta prestación de servicios por parte de la Administración.

Las procuradoras de PP y Ciudadanos, Rosa María Esteban Ayuso y Blanca Negrete, han defendido la modificación propuesta por la Junta, ya que, como ha defendido la representante 'popular' ante situaciones de emergencia sanitaria es necesario "garantizar una adecuada financiación al sistema sanitario".

"Debemos dar respuestas ágiles y precisas a necesidades presupuestarias, por el futuro de los ciudadanos a los que nos debemos", ha señalado.

Por su parte, Negrete, tras criticar al Gobierno central por la gestión de la crisis generada por la pandemia que le ha llevado a "mendigar" ante la UE, ha defendido la importancia de "flexibilizar el régimen presupuestario" en base a los principios de "coherencia, accesibilidad y responsabilidad".

No obstante, la procuradora socialista Rosa Rubio Martín, pese a manifestar que su grupo está de acuerdo en la filosofía de la medida y en la necesidad de poner medidas "excepcionales" ante situaciones "excepcionales", son necesarias "las cuentas claras y los objetivos definidos".

"No es que no nos fiemos de ustedes, que también, es que hablamos de cosas serias, nos piden manga ancha, está todo sin definir", ha lamentado, tras lo que se ha preguntado si este remanente se destinará a complementar las ayudas a los ERTEs.

Para Rubio Martín la medida debe estar "limitada y definida al máximo". "Sin dudas, sin lugar a la interpretación", ha defendido pese a votar finalmente a favor de la modificación normativa.

LA LEY 

La norma tiene un único artículo que modifica el artículo 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, añadiendo un nuevo apartado, en el que se indica que se podrá destinar remanente de tesorería para financiar gastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectos derivados de la misma.

Estos gastos han sido "absolutamente necesarios" para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a los afectados por la enfermedad, así como para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de quienes se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias derivadas de esta crisis.

Por ello, desde el punto de vista del régimen presupuestario de las Administraciones, se considera necesario establecer mecanismos que garanticen la máxima flexibilidad para atender los gastos que deriven de situaciones de Emergencia de Salud Pública como la vivida actualmente.