PP y Cs, con el apoyo de VOX, han sacado adelante una Proposición No de Ley (PNL) presentada por la formación naranja a través de la que piden la retirada de la Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, por "excluyente y sectaria", frente a PSOE y Podemos, que han defendido la norma al considerar que "piensa en todos".

La iniciativa ha sido presentada y defendida por la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz Gilmartin, quien ha insistido en que esta norma ha llegado al Congreso sin "consenso" y en un momento de "incertidumbre" generada por el COVID-19, lo que, a su juicio, "no es prudente".

"Se trata de una reforma insensata y que nace muerta en fondo y forma y que si se aprueba finalmente será derogada", ha asegurado, por lo que ha exigido al Gobierno de España que retire esta modificación normativa y de un paso para lograr un Pacto Educativa en el que las fuerzas políticas y la comunidad educativa trabajen en un proyecto que concite "consenso y unidad".

A juicio de la procuradora de Ciudadanos esta norma divide a la educción pública y a la concertada y, además, adolece de una memoria histórica "seria". "Ya está bien de hacer política partidista con un tema tan sensible", ha exigido.

Esta iniciativa ha sido respaldada por el PP, ya que, como ha señalado la procuradora María del Carmen Sánchez Bellota, la "libertad" a la hora de elegir centro educativo es "irrenunciable". Así, ha considerado "alarmantes" los anuncios del gobierno de "limitar" la escuela concertada y los centros de educación especial, un modelo que no comparte el PP que defiende "el modelo en su conjunto", la pública y la concertada.

En este punto, la procuradora 'popular' ha criticado que el Gobierno excluya de las ayudas para la recuperación del COVID-19 destinadas a Educación "excluyan" a la concertada y ha insistido en que la "libertad" de elección del os padres no debe estar "condicionado" por el Estado.

De este modo, ha recordado que más del 30 por ciento de los alumnos de la Comunidad estudia en centros concertados y los centros especiales tienen un total de 1.300 alumnos, una elección de centro que "las administraciones deben respetar y proteger".

"Es una Ley parcial, precipitada y que nace sin consenso, los sistemas educativos más avanzados están en las antípodas de esta Ley, debemos trabajar para evitar que cada vez que cambie el gobierno cambie la Ley Orgánica de Educación", ha defendido la procuradora 'popular', quien ha respaldado también un Pacto Educativo para evitar normas como esta que "coarta la libertad".

Frente a estas posiciones, el procurador socialista Jesús Guerrero Arroyo ha recordado que el proyecto que está en trámite responde al mandato parlamentario de "acabar con la LOMCE, la Ley Wert", una norma que tildó de "ideológica".

No obstante, Guerrero Arroyo ha querido dejar claro que con la Ley Celaá no se va a cerrar ningún centro de educación especial. "Cuando el PSOE hace una ley la hace pensando en todos los alumnos de España, tanto de centros privados como públicos, pensando futuro y progreso de todos", ha defendido.

En este punto, ha criticado la labor del PP al frente del Gobierno en materia educativa y que supuso "recortes" de unos 1.000 millones de euros para la enseñanza pública. "Eso es lo que divide, todos los recortes que hacen ustedes a la pública", ha criticado.

Además, el procurador socialista ha considerado que el PP "cerró el consenso" al hacer la famosa Ley Wert y ahora "ponen palos en la rueda" para que se impida el cambio. "Deben estar muy contentos con esa ley que fue rechazada y huele a naftalina", ha aseverado.

Por último, Guerrero Arroyo ha defendido que la Ley que plantea el Gobierno es "moderna", establece el equilibrio y "potencia" la igualdad de oportunidades, por lo que ha reclamado a Ciudadanos que retire su PNL por "retrógrada y difundir bulos".

En este sentido, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha considerado que el problema de PP y Cs es la "ideología". "Están más cómodos con la Ley Wert que supuso el peor hachazo a la educación de toda la democracia", ha señalado.

De este modo, Domínguez ha considerado que el argumento de la libertad es desmontable en Castilla y León y se ha preguntado si tienen libertad de elección de centro en el medio rural donde no hay posibilidad de escuela concertada.

"Es sangrante venir a Castilla y León a defender la concertada cuando en el medio rural no hay libertad de elección de centro", ha concluido.

Para cerrar el debate, la procuradora de Ciudadanos ha insistido en que las intenciones de la Ley Celaá son "retrógradas, sectarias y excluyentes".