La responsable del Área de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco,  ha mantenido una reunión telemática de trabajo con los alcaldes y portavoces del PP del Bierzo, un encuentro de trabajo en el que han participado así mismo el secretario regional de los populares, Francisco Vázquez, el presidente provincial del PP de León, Juan Martínez Majo y el portavoz popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala.

Isabel Blanco informó a los representantes bercianos que "la Junta garantizará que ninguna familia perceptora de Renta Garantizada de Ciudadanía reciba menos ingresos como consecuencia de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital".

El problema radica en que las familias están recibiendo una media de 332 euros del Ingreso Mínimo Vital, mientras que con la Renta de la Junta cobraban 565 euros. Además, ocurre que solo un 34 por ciento de los perceptores de RGC con hijos han percibido el IMV, por lo que "se ya está trabajando en nuevas medidas para hacer frente a las necesidades reales de las familias más vulnerables de la Comunidad, de manera que todas ellas puedan mantener al menos la misma cuantía económica que venían recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León.

La consejera recordó que la Renta Garantizada de Ciudadanía, para la que la Junta destina alrededor de 60 millones de euros anuales y de la que se benefician de media 15.000 familias cada año, lleva más de 10 años implantada en Castilla y León.

Por otra parte, la consejera informó a los asistentes sobre el reparto de los 20 millones de euros correspondientes al segundo Fondo Extraordinario aprobado por la Junta de Castilla y León y que podrán gestionar directamente los ayuntamientos y diputaciones para hacer frente al aumento del gasto originado en la prestación de los servicios sociales por el COVID-19, para lo que la consejera mostró su intención de suscribir cuanto antes los convenios de colaboración necesarios, ya que con esta inversión se pretende compensar los gastos originados por la pandemia en los centros residenciales, o por el cierre de comedores escolares, centros de día y centros ocupacionales. Unos fondos que servirán así mismo para reforzar los servicios de proximidad que garanticen a los cuidados el apoyo, la seguridad y la alimentación, sobre todo los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, mayores y colectivos vulnerables como es el caso de las víctimas de violencia de género.

Finalmente, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, aprovechó este encuentro para tratar con la consejera asuntos relativos al municipio, y valoró muy positivamente "las cantidades recibidas de la JCYL de los dos anticipos del Acuerdo Marco 2020 y de estos Fondos Extraordinarios del Covid-19, un ejemplo del compromiso de la JCYL con Ponferrada".