El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la condena a seis años y nueve meses de prisión a dos ciudadanos búlgaros, Antoli K.A. y Venelin R.V, quienes en 2017 instalaron un dispositivo en un cajero de Medina de Rioseco para copiar las bandas magnéticas de las tarjetas con las que luego "atacaron" distintos dispensadores en otras provincias españolas.

El alto tribunal ratifica así el fallo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, que consideró probado que ambos encausados cometieron un delito de estafa y otro continuado de falsificación de tarjetas de crédito y débito y, en consecuencia, les impone un año y nueve meses de cárcel por el primero y otros cinco por el segundo. Además, en concepto de responsabilidad civil y de forma conjunta y solidaria, deberán indemnizar al Banco Santander con 800 euros y al Banco Popular con 2.350.

El TSJCyL rechaza así el recurso de apelación presentado por la defensa, en el que solicitaba la absolución de los dos acusados o se declarara la nulidad de la totalidad del procedimiento, para lo que alegaba indefensión e infracción del derecho a la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La Audiencia consideró probado que los dos encausados, para quienes el fiscal había pedido siete años de cárcel, formaban parte de un grupo delincuencial que operaba no solo en España sino en EEUU y otros países como Perú y Honduras al que se imputan más de 40 "ataques", como así lo definió la policía, cometidos en otros tanto cajeros automáticos de la geografía nacional.

En el caso de ambos procesados, el fiscal del caso, a tenor de la prueba practicada en el juicio, fundamentalmente a partir de los testimonios de los policías actuantes, sostenía que Anatoli y Venelin no sólo instalaron el dispositivo de 'skimming' en un cajero de Rioseco para copiar las bandas magnéticas de las tarjetas de los clientes, sino que luego utilizaron la información obtenida para duplicar los plásticos y extraer con ellos hasta 3.500 euros en otros dispensadores de esta misma localidad, Medina del Campo, Salamanca, Monforte de Lemos (Madrid) y Valmojado (Toledo).

"Plenamente identificados" en fotogramas 

Aunque el cajero de Rioseco no estaba previsto de cámara de seguridad, de ahí que no haya pruebas materiales de que instalaran el 'skimmer', los policías identificaron "plenamente" a Anatoli y Venelin en los fotogramas obtenidos de las grabaciones de vídeo de los cajeros "atacados", a lo que contribuyó además el tatuaje con la Estatua de la Libertad que lucía el primero en su antebrazo.

Pero además, entre otras pruebas, la acusación del fiscal se fundamentaba en las evidencias recogidas en los registros de las viviendas que Anatoli y Venelín ocupaban, respectivamente, en Arcicóllar (Toledo) y Alcorcón (Madrid), en el primer caso donde la policía halló todo un "taller" especializado en la clonación de tarjetas y en el segundo donde los agentes descubrieron prendas identificadas en las grabaciones de los cajeros y distintas tarjetas falsificadas.

"Era un taller en el que no faltaba de nada, con material de sobra, tenía de todo", recordó una de las policías, mientras que otro compañero de ésta fue todavía más explícito al subrayar la importancia del alijo. "¡Llevo trece años en esto y es el registro donde más dispositivos para la clonación de tarjetas hemos encontrado!", precisó el agente, quien relató que en el salón de la vivienda de Anatoli había una mesa-laboratorio provista de su flexo, soldador, gafas de aumento...etc.

Pero además, en la cartera del morador de dicha vivienda los policías se incautaron de varias tarjetas, una de una gasolinera y otra de un hotel, con operaciones de bancos estadounidenses, todas falsas, otra de las evidencias de la presunta vinculación de ambos procesados a una red criminal sobre la que la policía especializada en este tipo de delitos venía investigando meses antes.

Las estancias constatadas de los acusados por aquellas fechas en alguno de los escenarios de los "ataques" a cajeros, como su alojamiento en un hostal de Medina del Campo, figuraban también como parte de la prueba que esgrimió el fiscal del caso para mantener su convicción sobre la culpabilidad de ambos búlgaros, postura que ha sido atendida por el tribunal sentenciador.