El Procurador del Común pide un protocolo de actuación con universidades para agilizar la respuesta ante crisis sanitarias

El Procurador del Común pide un protocolo de actuación con universidades para agilizar la respuesta ante crisis sanitarias

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El Procurador del Común considera que sería "de gran utilidad" que las universidades públicas de la Comunidad cuenten con un protocolo de actuación ante eventuales futuras situaciones de crisis sanitarias para aportar "en la línea de lo que han hecho y siguen haciendo" los medios personales y materiales disponibles a través de un responsable o un equipo responsable que inicie la apertura y cumplimiento del protocolo y tome decisiones en el marco del mismo.


Para el Procurador del Común, la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León, este protocolo aportaría eficacia y agilidad para hacer frente a situaciones sobrevenidas, tras la experiencia vivida con el COVID-19.


Según explica la institución a través de un comunicado recogido por Europa Press, el Procurador del Común abrió el pasado 31 de marzo una actuación de oficio para determinar la contribución que han llevado a cabo las cuatro universidades públicas de la Comunidad en la lucha frente a la pandemia del coronavirus.


A tal efecto, en esa misma fecha, la Defensoría se dirigió tanto a la Consejería de Educación como a las cuatro universidades públicas para que proporcionaran información sobre esta cuestión y sobre las actuaciones que pudieran estar llevando a cabo desde un primer momento o tuvieran previsto realizar de forma individual o en coordinación con otras administraciones o entidades de todo tipo.


Según explica el Procurador del Común, tras analizar la información proporcionada se constata el esfuerzo de colaboración desarrollado por la Administración educativa y por las cuatro universidades públicas para poner a disposición de la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias "todos los recursos materiales y personales disponibles que se habían requeridos, fundamentalmente por las autoridades sanitarias, en función de las necesidades que se presentaron en los momentos más duros de la pandemia, incluso con posterioridad al punto álgido de la crisis".


Con todo, añade el Procurador del Común, la experiencia vivida debe servir para actuar de cara al futuro "si cabe con una mayor agilidad, coordinación y eficacia" desde la premisa de que hay que asumir la existencia de la nueva vulnerabilidad a la que está sometida la población a nivel global.


"Más aún, lejos de haberse superado la crisis sanitaria, se considera que este es el momento de dedicar todos los esfuerzos posibles para la prevención y lucha frente a los efectos de todo tipo derivados de la enfermedad, fundamentalmente de tipo sanitario, social, laboral y educativo", explica la Defensoría que aboga por buscar fórmulas para normalizar la colaboración ya iniciada ante situaciones futuras que así lo requieran "como parte del servicio que las universidades públicas han de prestar a la sociedad".


Según detalla la institución, la información fue facilitada a la Procuraduría "en el plazo de tiempo más breve posible" por lo que se requirió la oportuna respuesta en un plazo de ocho días. Los informes remitidos por la Consejería de Educación y por las cuatros universidades fueron recibidos entre el 7 de mayo, fecha en la que se registró el primero de los informes, y el día 26 de junio cuando se recibió el último, y se justificó la demora por la situación derivada del estado de alarma.