COAG ha calificado de muy buena noticia la publicación del Decreto-ley sobre simplificación de trabas administrativas en Castilla y León para todos los profesionales que pretendan abrir nuevas instalaciones--o modificar las existentes--para la producción ganadera o para pequeñas industrias de transformación agroalimentaria.

Todo ello tendrá efectos positivos sobre el empleo y la población de las zonas rurales, destaca COAG, organizació que, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que en el año 2018 la Consejería de Medio Ambiente pretendió flexibilizar el procedimiento administrativo respecto de los controles medioambientales exigibles previos a dichas actividades, pero buena parte de la iniciativa fue invalidada por los tribunales.

El Decreto-ley recién aprobado corrige aquella situación, permitiendo que un amplio grupo de actividades que antes estaban sujetas al régimen de licencia ambiental puedan acogerse al régimen de comunicación ambiental al ayuntamiento en el que se ubiquen.

En concreto, pasan al régimen de comunicación ambiental prácticamente todas aquellas actividades que no están sometidas al régimen de autorización ambiental--el más exigente de todos--; entre otras, todas las instalaciones ganaderas salvo las explotaciones con más de 40.000 gallinas, 2.000 plazas de cerdos de engorde o 750 cerdas reproductoras.

COAG recalca que la flexibilidad introducida por el Decreto no menoscaba la salvaguarda del medioambiente.

En definitiva, se simplifican y reducen determinadas obligaciones que requieren un esfuerzo significativo en la tramitación de los expedientes, sin que aporten a éstos nada nuevo que previamente o por otros medios más simples no sea ya conocido.

No hay que olvidar que las instalaciones ganaderas, en función de sus dimensiones o características productivas están sujetas a informe o evaluación de impacto ambiental, y que siguen estando obligadas a cumplir determinadas distancias a núcleos de población, masas de agua, pozos, normas de gestión de purines, etc., y sin perjuicio de que la normativa sectorial pueda ser más estricta para algunos sectores.

LIMITAR LA CAPACIDAD MÁXIMA

No obstante, COAG se muestra claramente a favor de que por normativa se limite la capacidad máxima de las instalaciones ganaderas en todos los sectores, al igual que ahora sucede con el porcino.

"Con ello se pondría coto a las pretensiones de crear hipergranjas como la proyectada en la localidad soriana de Noviercas, cuyas dimensiones la convierten en un completo y absoluto despropósito medioambiental, sanitario y social", denuncia.

Finalmente, el Decreto-ley aporta seguridad jurídica sobre las comunicaciones ambientales presentadas al amparo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y del Decreto 8/2018, de 5 de abril, parcialmente anulados respectivamente por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.