El Grupo Popular de la Diputación de Salamanca ha registrado una moción que defenderá en el pleno del mes de junio y con la que reclama al Gobierno de España que proporcione la información detallada a las entidades locales y a las comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y que garantice que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes para ello.

El Partido Popular reconoce en esta moción la labor que ya venían realizando las entidades locales asistiendo y ayudando a los vecinos más vulnerables en sus municipios. Igual que las comunidades autónomas, muchas de las cuales cuentan con un programa renta mínima para proteger a las personas en situación de pobreza o exclusión social. 

En este sentido, el Partido Popular critica que el Gobierno no haya consensuado ni consultado con éstas la regulación del Ingreso Mínimo Vital para no dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión, para no generar inseguridad jurídica y para reforzar y ampliar las ayudas ya existentes rediseñando las que fuese necesario para cumplir mejor los objetivos que persiguen.

Por otro lado, el Partido Popular reprocha al Gobierno que los gastos derivados de la tramitación de los expedientes que inicien las entidades locales corran a cargo de las mismas. Por eso, la moción pide crear un fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas. Sin estos fondos adicionales, será inviable para las entidades locales gestionar la prestación estatal y por tanto la firma de estos convenios de colaboración.

Además, propone enviar, de forma urgente, a todas las entidades locales el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esta gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La garantía de que todas las comunidades autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación o gestión de esta ayuda, si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos, es otro de los puntos de la moción.