SEGOVIA, 22 (EUROPA PRESS)
El secretario regional del Partido Popular y vicepresidente primero en las Cortes, Francisco Vázquez, ha defendido este lunes "el diálogo" entre fuerzas políticas que ha tenido como resultado la rúbrica del Pacto de Recuperación de la Comunidad, frente a "los contratos de adhesión" que marcan la agenda del Gobierno central.

Así lo ha manifestado en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular de Segovia, en la que ha estado acompañado por la presidenta provincial de la formación, Paloma Sanz.

Vázquez ha insistido en que en este periodo el número 1 de los 'populares', Pablo Casado, ha planteado "hasta 11 pactos de Estado", el primero de ellos educativo, y la única respuesta que ha obtenido es "una Ley de educación en la que no han contado con nadie".

En cambio, "en Castilla y León el diálogo ha vencido a la crispación", ha aseverado el vicepresidente primero de las Cortes, quien ha desgranado las principales medidas del pacto para la reconstrucción de la comunidad.

Un pacto que contempla reforzar la sanidad con la creación de un fondo de 250 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia sobre el sistema sanitario. En este aspecto, se prevé la puesta en marcha de 20 medidas encaminadas a "reforzar la Atención Primaria y los dispositivos de salud pública, mejorar las unidades de cuidados paliativos e intensivos, aprovisionamiento de EPI y recuperar la actividad diaria en cuanto a operaciones y pruebas diagnósticas que tuvieron que ser detenidas durante el Estado de Alarma

El acuerdo también establece en materia sanitaria "el compromiso de que Castilla y León figure entre las comunidades con mayor volumen de recursos autonómicos dedicados a la sanidad", ha anunciado Vázquez. Concretamente, se trata de incrementar en un 7 por ciento del presupuesto dirigido a Atención Primaria, alcanzando el 20 por ciento.

Asimismo, los firmantes del pacto se han comprometido a avanzar "desde el diálogo y con expertos" en el nuevo modelo de Atención Primaria.

En cuanto al bloque de recuperación económica, el acuerdo establece 18 medidas encaminadas a favorecer el empleo para las personas y colectivos más vulnerables.

Garantizar la liquidez para autónomos y pymes, un Plan de Promoción Industrial o el refuerzo del sector agroalimentario al que se destinarán 25 millones de euros más; así como que la producción de material sanitario radique en la comunidad; agilizar y simplificar los plazos administrativos; dar respuestas al sector hostelero, comercial, turístico y cultural; la extensión universal de la banda ancha y la telefonía móvil; y la formalización de la ejecución presupuestaria en materia cultural, de deportes y turismo son algunas de las acciones previstas en relación a la recuperación económica.

En cuanto a protección social, el pacto establece una docena de medidas encaminadas a la reforzar y revisar el modelo asistencial de residencias, con una Ley de Atención Residencial. Se va a incrementar en un 25 por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública y también se aumentará un tercio las plazas de convalecencia sociosanitaria.

También, se solicita al Gobierno de España el desbloqueo el 50 por ciento de los gastos de la Ley de Dependencia, "que están bloqueados" y también solicitan al Gobierno central la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital, como sucede en País Vasco y Navarra.

Este apartado, contempla además la puesta en marcha de un programa "para garantizar la protección y seguridad de las mujeres en alto riesgo de violencia de género" y se ha pactado también el mantenimiento de las ayudas al alquiler "y hacerlo por Ley para que se garantice no sólo desde el punto administrativo, sino también desde el punto de vista del ordenamiento jurídico con rango legal", ha aseverado Vázquez.

La mayor cantidad económica que concentra el acuerdo se encuentra en la elaboración de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, dotado con 728 millones de euros para equipamiento y planificación de las infraestructuras sanitarias, educativas y sociales, a desarrollar entre 2021-2025.

Asimismo, el pacto incluye un fondo extraordinario de 80 millones, cuyo 50 por ciento irá destinado a las entidades locales para empleo e inversión y de los 40 millones restantes, la mitad también será gestionada por las corporaciones locales para servicios sociales y los otros 20 millones serán ejecutados directamente por la Junta.

Otra de las medidas, "que se lleva solicitando años desde la Federación Española de Municipios y Provincias", es la liberación del superávit de las entidades locales, cifrado en toda España en más de 3.800 millones de euros.