Ecologistas en Acción ha pedido a los grupos parlamentarios que no convaliden el Decreto que aprobó el Consejo de Gobierno este jueves por el que se simplifican trámites administrativos y lleva, según el colectivo, a "suprimir" la licencia ambiental en la Comunidad.

En este sentido, el colectivo insisten en reclamar a los grupos parlamentarios que "no convaliden" el Decretazo del Gobierno regional por "vulnerar la participación y a la tutela judicial".

"Aprovechando que la Covid-19 ha pasado por Valladolid, y con la excusa de la 'reactivación productiva', el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha recuperado la iniciativa tumbada dos veces por los tribunales de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, suprimiendo de facto"y por Decreto-Ley, desde mañana, el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961", ha criticado el colectivo.

Para los ecologistas el Decreto de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, publicado hoy en el BOCyL, se dedica básicamente a "desmantelar" el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional tras el rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias, en sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abril y mayo de 2019.

Mediante esta "modificación exprés" del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental, la Junta exime de licencia ambiental a todas las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, así como a multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias considerables como la industria textil, la hostelería, las gasolineras y otros servicios, que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos.

Además, el decreto autonómico "legaliza automáticamente la situación de las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias ejecutadas al amparo de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental anuladas judicialmente, y de paso de todas las actividades ilegales con más de diez años en funcionamiento y con alguna licencia de obras".