La Audiencia Provincial de Valladolid ha aprobado un protocolo para agilizar la resolución de los juicios en los que los consumidores reclaman a los bancos la devolución de los gastos derivados de la suscripción de hipotecas que les fueron cobrados indebidamente, herramienta que permite acortar la resolución del litigio a tres meses, en lugar de los dos años actuales.

Este pacto entre el banco y el cliente implica que el primero acepta devolver al consumidor el importe correspondiente a aquellos conceptos que, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fueron cobrados indebidamente (el 50% de los gastos de Notaría y Gestoría, el 100% de los gastos de Registro de la Propiedad, el importe de los intereses moratorios abusivos), y el segundo renuncia a una parte de las costas del procedimiento a las que tendría derecho en el caso de que litigara hasta el final y los tribunales estimaran sus pretensiones.

El sometimiento a dicho protocolo, que además servirá para descongestionar el juzgado especializado en cláusulas bancarias y la sección de la Audiencia Provincial que ve los recursos que se interponen, es voluntario.

Las partes litigantes pueden acogerse al mismo en cualquier fase procesal en que se encuentre el procedimiento, o hacerlo incluso antes de que se presente la demanda, evitando así la judicialización.

El protocolo ha sido suscrito este jueves por el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, y José Luis Rodríguez, director de Servicios Jurídicos de CaixaBank, primera entidad bancaria en adherirse.

El primero de ellos, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha resumido el protocolo en el deseo de "intercambiar tiempo de respuesta por una parte de las costas", en referencia a que el consumidor obtendrá una resolución a su demanda en solo tres meses--en lugar de los dos años y medio de posible demora, ampliada por la paralización de la COVID-19--, a cambio de renunciar a un 50 por ciento de las costas que pudieran corresponderle, en aquellos casos en los que no hay aún una respuesta de la entidad bancaria.

"Se trata de un instrumento imaginativo en lo que supone un acto voluntario, de serenidad y sentido común", ha incidido Carranza, quien aboga por que al mismo, iniciado por CaixaBank en exclusiva, se suman otras entidades, especialmente Unicaja, y el resto de audiencias provinciales de Castilla y León.

De hecho, aunque CaixaBank ya ha tanteado a los presidentes de las audiencias de Burgos, Segovia y Ávila, Carranza ha anunciado que, en función de la experiencia en la provincia de Valladolid, confía en poder elevar a la Sala de Gobierno del TSJCyL la idoneidad de extender el protocolo al resto de la Comunidad.

Casi 11.000 demandas 

En la actualidad, existe un único juzgado en Valladolid, Primera Instancia 4, que desde junio de 2017 se encarga de manera exclusiva de manera exclusiva y no excluyente de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Desde que entró en funcionamiento ha recibido 10.800 demandas. Terminó el año 2019 con más de 2.700 asuntos pendientes y en lo que va de 2020 ha recibido 1.220 demandas, con lo que, en la actualidad, se calcula que las pendientes de resolución se elevan a cerca de 4.000.

El juzgado soporta una carga de trabajo muy superior a la que establece el CGPJ como recomendable--celebra unos 400 juicios mensualmente--, lo que ha obligado a reforzarlo, de forma que actualmente está encabezado por una juez titular auxiliada por otras tres de refuerzo.

Su situación, y por ende, el tiempo de respuesta que recibe el justiciable, empeorará de manera inmediata como consecuencia de la paralización de las actuaciones judiciales por el COVID-19 y de la previsible entrada de nuevos asuntos a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que cuya abusividad deberá ser valorada por los tribunales en función de las circunstancias que concurren en cada contrato.

Esta grave situación de pendencia, que puede verse agravada en un futuro inmediato por las demandas sobre el IRPH, justifica que se adopten medidas extraordinarias e instrumentales para intentar paliar los retrasos en la tramitación de los asuntos, que, como así ha apuntado Carranza, concluyen en un 98 por ciento de los casos con sentencias favorables a los demandantes.

A ello responde el presente protocolo que, con las adaptaciones que se han considerado convenientes para la provincia de Valladolid, se basa en otro anterior que se ha venido aplicando en Pamplona y Barcelona, ha explicado Javier Carranza, quien ha insistido en el carácter puramente instrumental y voluntario del mismo.

El documento ha sido enviado a los colegios de abogados y procuradores de Valladolid para su difusión entre sus colegiados, a las distintas entidades bancarias y asociaciones de consumidores.