El Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de ley en el que se determina que, en determinados supuestos excepcionales de Emergencia de Salud Pública debidamente declarada, se habiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivados directamente de esa situación, así como otros que deban seguir atendiéndose para la correcta prestación de servicios por parte de la Administración.

El proyecto tiene un único artículo que modifica el artículo 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, añadiendo un nuevo apartado, en el que se indica que se podrá destinar remanente de tesorería para financiar gastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectos derivados de la misma.

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto una nueva realidad ante la cual ha sido necesario hacer frente a un importante número de gastos no previstos inicialmente por parte de ninguna administración, como ha sido el caso de la de Castilla y León. Estos gastos han sido absolutamente necesarios para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a los afectados por la enfermedad, así como para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de quienes se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias derivadas de esta crisis.

Por ello, desde el punto de vista del régimen presupuestario de las Administraciones, se considera necesario establecer mecanismos que garanticen la máxima flexibilidad para atender los gastos que deriven de situaciones de Emergencia de Salud Pública como la vivida actualmente.

El anteproyecto de ley ha sido sometido a informe de las consejerías de la Junta, de la Dirección General de Presupuestos y Estadística, de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León y del Consejo Consultivo de Castilla y León.