La Junta de Castilla y León y los responsables de los diferentes partidos con representación en las Cortes rubricarán mañana un Pacto de Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social que se compone de 86 medidas destinadas a paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad y entre las que se incluyen 780 millones de euros para un Plan Social y 250 más destinados a sanidad.

El Pacto será rubricado este miércoles entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios como son Luis Tudanca del PSOE; Raúl de la Hoz del PP; David Castaño de Ciudadanos y Pablo Fernández (Unidas Podemos) del Grupo Mixto.

Entre las medidas que contempla el documento al que ha tenido acceso Europa Press se incluye un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la sanidad, destinado a paliar los efectos de COVID-19 que tenga como principales objetivos reforzar la Atención Primaria para hacer frente a la fase de desescalada con la contratación de profesionales y suministros sanitarios.

Aemás, este fondo servirá para reforzar los dispositivos de Salud Pública mediante la contratación de profesionales de epidemiología y medicina preventiva; mejorar la estructura y la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos; reforzar la asistencia a las emergencias garantizando una dotación suficiente de Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) y de Soporte Vital Básico (SVB); establecer un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección que garantice las existencias durante los siguientes meses.

Este dinero servirá también para potenciar la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de las demoras que se hayan podido producir a raíz de la pandemia tanto en intervenciones quirúrgicas, como consultas externas o pruebas diagnósticas y reconocer el esfuerzo de los empleados de Sacyl y de los servicios territoriales implicados en la lucha contra esta pandemia y su control mediante una gratificación, siempre que se haya realizado la jornada de manera efectiva.

El texto incluye además que la Junta deberá dar cuentas periódicamente a los diferentes grupos parlamentarios del uso de este fondo y de las actividades desarrolladas con el mismo.

Asimismo, el Pacto incluye además la elaborar un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025, que establezca la planificación de las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social. Los recursos presupuestarios alcanzarán los 728 millones de euros y serán equivalentes a las cantidades previstas en el último Plan.

A estas medidas se suma otro Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros. La mitad de este Fondo (40 millones de euros) se transferirá a las corporaciones locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión y sus características, destino y distribución se determinarán buscando el consenso con los órganos de representación de las Entidades Locales y del Diálogo Social.

La otra mitad del Fondo se gestionará al 50 por ciento directamente por la Junta de Castilla y León (20 millones de euros) y el otro 50 por ciento (20 millones de euros) se transferirá a las Entidades Locales para finalidades relativas a Servicios Sociales y Protección Social de las personas y colectivos más afectados por la crisis.

El documento también establece que se solicitará al Gobierno de España flexibilizar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, permitiendo liberar los superávit de las Entidades Locales y flexibilizar la regla de gasto para hacer frente a las políticas derivadas de la crisis COVID-19.

Además, otra de las medidas incluidas relacionada con el campo obliga a la Junta a incorporar una cantidad igual o superior a la que directamente transfiera el Gobierno de España a la Administración Autonómica de Castilla y León, como territorialización del fondo de contingencia que implante con recursos propios el Ministerio, para atender las necesidades del sector agrario y agroalimentario.

En todo caso, la Junta de Castilla y León desarrollará el programa 'Somos del Campo', que opera como fondo de contingencia para dar respuesta a la situación provocada por la crisis COVID-19, mediante un conjunto de medidas adicionales para atender las nuevas situaciones en la cadena alimentaria derivadas de la crisis COVID-19, que superarán en conjunto los 25 millones de euros en el presente ejercicio.

En materia educativa, entre otras cuestiones, se acuerda el establecimiento de ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet, por un importe de tres millones de euros.

Además se establece también una Convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad durante el curso 2020-2021, para seguir garantizando que Castilla y León continúa por encima de la media de las Comunidades Autónomas, con una cuantía de ocho millones de euros.