En una vuelta más de tuerca de la minera australiana Berkeley, esta compañía compromete "los dos próximos dos años de producción de uranio de la futura mina española de Retortillo con clientes de EEUU y Reino Unido", aseguran desde la misma empresa, en la que su 'jefe', asegura que "cerrar la nuclear en España elevará el precio de la electricidad", sin tener en cuenta el bajo coste de la energía limpia ya instalada y que se está instalando, como la eólica y la solar.

Explica la empresa australiana que prevé extraer del yacimiento que tiene en Retortillo, sin poder continuar las obras ni la extracción ante las diversas faltas de permisos administrativos y la denuncias en los tribunales de Justicia, que el uranio que extraiga -si logra hacerlo algún día- servirá de combustible a "los grandes reactores norteamericanos" con los que, explica, ya ha firmado contratos de aprovisionamiento para cuando la mina logre el permiso definitivo de operación, que lleva esperando aún muchos años. Dicen desde la minera australiana que "le faltan dos autorizaciones del total de 130 solicitadas en los últimos ocho años...".

Lo cierto es que en este momento, después de más de diez años, la minera sigue envuelta en una tupida telaraña de papeleos y recursos de asociaciones, ayuntamientos y particulares, contra su plan de poner en marcha la mina de uranio -terrenos que Enusa descartó en su día por el bajo rendimiento y la gran cantidad de tierra a remover-. Los planes de Berkeley pasaban por terminar todos los trámites administrativos y judiciales este 2020 y comenzar este mismo año la explotación. Además de la mina, Berkeley quiere construir una planta de concentrados de uranio –donde preparar el combustible nuclear– y un almacén de residuos radiactivos. Esta última parte llevó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a interrumpir en 2018 el expediente de tramitación, al considerar que necesitaba más información sobre la gestión de desechos altamente radiactivos.

Pese a que el proceso sigue paralizado, este mes de mayo Berkeley anunció que está "lista para invertir" 87 millones de euros para comenzar a construir las instalaciones del complejo, con el que promete generar unos 500 puestos de empleo ya en 2020. La compañía incluso lo ha presentado como "uno de los proyectos económicos más relevantes para la región, sobre todo en el próximo periodo de recuperación económica que tocará vivir tras la Covid-19". Antes de arrancar debe reunir todos los permisos necesarios. Y esto es precisamente lo que ha agitado a los activistas contrarios al proyecto, en su mayoría residentes de Retortillo y de las localidades colindantes Villares de Yeltes y Villavieja de Yeltes, que también se verían afectadas por la actividad minera y de la planta. 

Además, existe también la oposición del Gobierno y las Cámaras Municipales de la frontera de Portugal, que, incluso, tienen elevada queja e información a la Unión Europea.

La Junta de Castilla y León, de por medio

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (JCYL) considera que no se ha producido la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de mina de uranio a cielo abierto y planta de obtención de uranio en Retortillo, al afirmar que "se habría iniciado con el desvío de la carretera SA-322 y el vallado perimetral". Pero desde la Plataforma Stop Uranio aseguran que "ninguna de estas circunstancias alegadas por la Junta se ha producido".

En relación con las obras en la carretera SA-322, se trata de obras realizadas por la empresa Berkeley Minera S.L. sin licencia municipal y sin haber obtenido previamente la correspondiente Autorización de Uso en suelo Rústico y por lo tanto "obras ilegales", explica la platarma anti mina. Así consta expresamente en el expediente de Restauración de la legalidad urbanística del Ayuntamiento de Retortillo y en la apertura del correspondiente expediente Sancionador a la empresa Berkeley. Así hace referencia también de forma expresa en la comunicación del Servicio Territorial de Fomento de Salamanca de fecha 9 de junio de 2017 y en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de fecha 1 de febrero de 2017 en el que se ratifica que "dichas obras para ser legales debían de haber contado con la autorización de Uso en suelo Rústico, que debía haber otorgado precisamente esta Comisión Territorial". Se trata, en definitiva, de "obras ilegales realizadas por la empresa Berkeley y paralizadas por el Ayuntamiento de Retortillo por no contar con las licencias correspondientes".

En cuanto al vallado perimetral al que alude el escrito de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de fecha 25 de mayo, y que debiera abarcar a 27 km lineales según el proyecto aprobado, "simplemente no se ha realizado. Se ha ejecutado una pequeña parte de ese trabajo con la intención propagandística a la que nos tiene acostumbrados la empresa minera. Además de que buena parte del vallado debiera suprimirse pues está dentro del futuro recinto minero, pero en ningún caso puede considerarse que esa labor impide la caducidad de la DIA aprobada", explican desde Stop Uranio.

Desde la Plataforma Stop Uranio quieren denunciar "esta sinrazón de la Junta de Castilla y León presidida por el Sr. Mañueco, que pretende sostener contra todo y contra todos este destructivo proyecto promovido por Berkeley para obtención y fabricación de uranio, que es una Instalación radiactiva de primera categoría. Incluso lo pretende sostener con base en obras que la propia Junta de Castilla y León conoce que son ilegales y que por esa razón fueron paralizadas. ¿Cómo es posible que la Administración de la Junta que ha de basar sus actuaciones en la legalidad, diga por escrito que la DIA de Berkeley sigue en vigor, basándose en obras que expresamente han sido declaradas fuera de la legalidad por esa misma Administración? ¿Es posible una aberración mayor? ¿Cuál es la razón de esta sinrazón?".

Finalizan asegurando que lo que "debería de hacer la Junta de Castilla y León era llevar, sin duda, a declarar caducada la DIA otorgada en su día a Berkeley, por haber transcurrido el plazo de los cinco años previsto en la misma".