Los grupos políticos de la Diputación de Valladolid han comenzado, en la mañana de este lunes 1 de junio, con las reuniones para desarrollar las acciones del plan de choque aprobado por consenso por todos los grupos de la institución provincial para hacer frente a los daños económicos ocasionados por la crisis de la COVID-19.

En esta ocasión se ha abordado la gestión del Plan Especial de Empleo destinado a los ayuntamientos de la provincia y que está dotado con 1,5 millones de euros para ayudar a estos consistorios y que ha sido desgranado por el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge.

Los Grupos han decidido que la creación este Plan Especial de Empleo se articule como un fondo incondicionado en el que cada ayuntamiento recibirá una cantidad fija de 4.000 euros y una cantidad variable en función de la población a razón de 3,82 euros por habitante. Las entidades locales menores reciben una cantidad fija de 1.500 euros. Asimismo han decidido permitir que los ayuntamientos y a las entidades locales menores destinen la ayuda que le corresponde al fin que consideren más oportuno, desde gastos de personal, funcionario o laboral, a gastos de contrataciones externas de servicios, obras y suministros de material tanto inventariable como no inventariable, e incluso a transferencias corrientes y transferencias de capital. También se subvencionan los gastos de los Ayuntamientos en obra nueva o las inversiones relacionadas con el COVID-19, y aquí se incluyen las compras de herramientas para posibilitar el teletrabajo y la adecuación de los locales municipales a las nuevas medidas sanitarias y de distanciamiento. 

Finalmente, los Ayuntamientos podrán aplicar las subvenciones a paliar la pérdida de ingresos ordinarios provocada por las exenciones o bonificaciones en ingresos públicos acordadas voluntariamente por los Ayuntamientos para paliar las consecuencias del COVID 19. La disminución procede tanto de los ingresos tributarios en concepto de impuestos, tasas y contribuciones especiales, como de los no tributarios donde se incluyen los precios públicos.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el BOP y los gastos subvencionables serán los producidos desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, hasta 9 meses después de su finalización.

Las ayudas serán compatibles con cualquier otra que se perciba para el mismo fin, siempre que no la suma de ambas no supere el coste efectivo del gasto imputable. En consecuencia, la ayuda es compatible con otras ayudas de la propia Diputación de Valladolid, como el PAE, el PREPLAN o el Fondo de Actividades y Servicios, incluida la aportación extraordinaria de 200.000 euros ya aprobada en el Pleno de la Diputación del pasado mes de abril.

El pago de las ayudas será anticipado al 100% sin necesidad de constituir garantía, y los gastos realizados se justificarán por informe del secretario de cada ayuntamiento antes del 31 de abril de 2021.

La convocatoria será informada en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación que se celebrará la próxima semana y se aprobará en el Pleno Ordinario del próximo 19 de junio.

Satisfacción entre los grupos

“En estos momentos de dura situación económica por el coronavirus se exige un consenso político entre todos los grupos. Se ha reducido en 200.000 euros la partida para Internet en los pueblos pero se ha tenido que elegir entre lo imprescindible y lo inmediato. Al final se busca la flexibilidad para los ayuntamientos de la provincia”, ha asegurado Mario de Fuentes, portavoz de Vox.

“Celebramos estas medidas que aprobamos entre todos los grupos porque va a dar libertad financiera para que los ayuntamientos gasten en sus urgencias más importantes. Recibir estas cuantías para generar empleo público o contrataciones va a ser un balón de oxígeno en este principio de la nueva normalidad. Espero que se repitan los acuerdos con el resto de planes a aprobar”, ha añadido Virginia Hernández, portavoz de Valladolid Toma La Palabra en la Diputación.

Gema Gómez, de Ciudadanos, ha defendido esta medida como “una respuesta rápida para escuchar y atender las necesidades de nuestra provincia” con el fin de que “los municipios revitalicen su economía” en un plan de empleo de libertad de gasto para que “las entidades determinen a qué destinan” las partidas.

“Pueden destinaro a gasto corriente, inversión u otras necesidades que estimen oportunas dentro de este plan de empleo englobado en el Plan de Choque para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en el que se ha trabajado mucho y con consenso.  Son 4.000 euros por municipio y una variable en función a la población”, ha añadido Gómez.

Francisco Ferreira, portavoz del PSOE en la institución provincial, ha valorado el “compromiso” del vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, y también el de todos los grupos políticos que miran por “el bien de nuestros municipios”. “Dentro de los 3,7 millones destinados a los ayuntamientos en el Plan de Choque va destinado este 1,5 en un momento de la crisis en la que los ayuntamientos lo están dando todo”.

“El 19 de mayo nos reuníamos todos los grupos para presentar este acuerdo aprobado por todos. Dentro del plan, con el esqueleto fundamentado en tres frentes como son los ayuntamientos, las personas y el empleo vemos como se va materializando el consenso entre todos los grupos”, añadía Agapito Hernández, portavoz del PP en la Diputación.

Un Plan de Choque con 12,9 millones destinados a paliar la crisis por la COVID-19 que poco a poco va cogiendo forma y que mañana abordará las medidas destinadas a los servicios sociales.