La directora general de Salud Pública de Castilla y León, María del Carmen Pacheco, ha asegurado que la sociedad ha pagado un precio "muy alto" con la pandemia de coronavirus que no se debería olvidar nunca.

Así lo ha expresado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes, donde ha explicado las actuaciones llevadas a cabo por su departamento en relación a la COVID-19.

"Como sociedad hemos tenido que pagar un precio muy alto que no deberemos olvidar nunca", ha afirmado Pacheco al principio de su intervención, que ha iniciado con una mención a toda la ciudadanía, "sin cuya comprensión y colaboración" cree que no se hubiese conseguido el freno de esta pandemia, y ha recordado especialmente a las personas que no han podido superar la enfermedad, así como a todos los profesionales que han trabajado "sin tregua".

Dicho esto, la directora general de Salud Pública ha hecho un repaso por todas las actuaciones de su departamento desde que en enero ya se alertara sobre el coronavirus y todos los miembros de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León comienzan a trabajar en la monitorización, vigilancia y gestión de esta nueva enfermedad.

Pachecho ha recordado que el 24 de febrero se detectaron los primeros casos en la península y fue el 27 de febrero cuando Castilla y León notificó sus dos primeros casos confirmados, ambos importados, un estudiante italiano en Segovia y, en Valladolid, un iraní que se encuentra en la ciudad por trabajo.

Tras detallar las diferentes actuaciones, como ya hiciera la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y señalar los diferentes casos iniciales que se detectaron, Pacheco se ha referido a algunas medidas como la tomada el 15 de marzo que supuso la restricción del programa de vacunaciones a las que sólo eran prioritarias.

Sin embargo, ha informado de que el pasado 14 de mayo la Comisión de Salud Pública elaboró una nota informativa para actualizar las recomendaciones de vacunación durante la fase de transición de la pandemia de la COVID-19.

En concreto, ha asegurado que en este momento es necesario recuperar progresivamente las actividades de vacunación habituales y ha recordado, tanto a la población como a los profesionales sanitarios, que la vacunación "es uno de los servicios de salud prioritarios, incluso durante la actual pandemia, para proteger a toda la población frente a las enfermedades inmunoprevenibles".

La directora general ha señalado que de la misma forma se ha reunido la Ponencia de Vacunas y ya se han establecido las recomendaciones para la próxima campaña de vacunación de la gripe y la Comunidad se ha adherido al Acuerdo Marco firmado recientemente por el Ministerio de Sanidad para la compra de la vacuna.

ENSAYOS SOBRE COVID-19

Por otro lado, durante su intervención, María del Carmen Pacheco ha explicado que, en materia de estudios clínicos, se ha mantenido una comunicación constante con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y los Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos, en cuanto a la adopción de medidas excepcionales aplicables a los ensayos clínicos y estudios observacionales, para gestionar los problemas derivados de la emergencia por COVID-19.

Así, ha destacado que entre los ensayos clínicos que se están realizando en Castilla y León se encuentran activos cinco relacionados con la COVID-19.

De ellos, cuatro están destinados a evaluar la eficacia de diferentes tratamientos o tratamientos no licenciados. También está activo un ensayo destinado a evaluar la prevención en profesionales sanitarios tratados con diferentes fármacos, que se está realizando en nueve hospitales de la Comunidad, el llamado Proyecto EPICOS.

Por otro lado, ha apuntado que en materia de laboratorios farmacéuticos se ha procedido a la ampliación, por un año, de los certificados de Normas de Correcta Fabricación a dos laboratorios farmacéuticos.

También en su intervención ha dado algunos datos como las 650.000 llamadas que ha recibido el teléfono 900 222 000 para prestar información en torno al coronavirus o la incidencia de la enfermedad en la población.

Así, ha explicado que la edad media de los afectados es de 65 años, que el ingreso hospitalario ha sido necesario en el 30 por ciento d los casos y, de ellos, el 7 por ciento han precisado ingreso en UCI. El 41 por ciento de los ingresados tiene 65 o más años y el 75 por ciento de las personas fallecidas tenían algún factor de riesgo y enfermedad de base, mientras que el 94,5 por ciento tenían 65 o más años, con la mayor letalidad observada en las personas mayores de 80 años.

La incidencia acumulada en Castilla y León es de 1.039 casos por 100.000 habitantes, ha puntualizado Pachecho, quien ha agregado que prácticamente desde finales de marzo las provincias con la incidencia acumulada más alta han sido Soria y Segovia.

OPOSICIÓN

En el marco de la Comisión, la procuradora Socialista Inmaculada García ha incidido en que no es un momento de "racanear" con el gasto en salud pública y ha expresado la preocupación por que no sean criterios estrictamente sanitarios o epidemiológicos los que están guiando las decisiones del Ejecutivo autonómico para llevar a cabo la desescalada, que ha incidido que requiere poner a disposición los profesionales necesarios para localizar tempranamente casos y aislarlos.

García ha planteado una necesaria reforma del servicio de salud pública o preventiva porque considera que la red de vigilancia no ha funcionado adecuadamente y ha concretado que la red de vigilancia epidemiológica ha fallado en los núcleos de población y en las residencias de personas mayores, donde más fallecidos se han registrado.

A este respecto, ha apuntado a desavenencias entre las consejeras de Familia y Sanidad para traspasarse la responsabilidad de la tragedia, algo que cree que compete a Salud Pública.

Por su parte, el procurador de Por Ávila y portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, Pedro Pascual, ha incidido en los "estragos" que la pandemia ha causado en las residencias de mayores, algo que considera que compete a la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad porque las personas "van allí a que les cuiden", tras lo que ha agradecido la labor de los trabajadores de estos centros. Sin embargo, ha reclamado profesionalizar las residencias con personal sanitario, algo que no es competencia de Familia.

Por otro lado, ha criticado el alto número de profesionales contagiados, un "problema muy grave" y ha incidido en la "escasez e incertidumbre" en torno a los equipos de protección, que también han sido insuficientes en los centros de mayores.

Además, considera que la pandemia ha demostrado la carencia de infraestructuras, material y personal en el ámbito sanitario y ha pedido una mayor inversión en este ámbito porque el sistema está "debilitado" y "necesita una inversión presupuestaria fuerte" que lo sitúe donde se merece.

Por otro lado el procurador de Cs, Juan Pablo Izquierdo, ha destacado al "agilidad" en la toma de decisiones de la Dirección General, su labor "constante", y ha defendido la transparencia con la que ha actuado la Junta, con la comparecencia diaria de la consejera de Sanidad.

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Alejandro Vázquez, ha destacado la labor de la Dirección General y ha incidido en algunos aspectos como la importancia de la vacunación, sobre todo frente a la gripe y al neumococo, para evitar que haya dos pandemias.

En cuanto a la fase de "atenuación", que ha preferido utilizar en lugar de "desescalada", ha destacado la importancia del "conocimiento" en materia epidemiológica, criterio que cree que debe primar "por más voluntad" que tengan el resto de profesionales, que considera que deben trabajar todos en la misma línea.