La cruda realidad: Castilla y León dobla los enterramientos, lo certifica el Tribunal Superior de Justicia

La cruda realidad: Castilla y León dobla los enterramientos, lo certifica el Tribunal Superior de Justicia

Las muertes por Covid19 y por causas compatibles con la pandemia en marzo y abril suman un total de 3.672
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"Castilla y León tiene en marzo y abril casi el doble de fallecimientos que años anteriores". Con esta contundente afirmación, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon detalla que el número de licencias de enterramiento expedidas por los Juzgados de Registro Civil aumenta un 95,9% respecto a 2019. "Un 42,5% del total de los fallecimientos es atribuible al Covid-19 y a causas compatibles con la pandemia". 


"El presidente del TSJCyL lamenta profundamente que España esté atravesando por esta gravísima crisis sanitaria y social", apuntan desde la alta institución judicial, y quiere enviar un mensaje de ánimo a la  sociedad para conseguir conjuntamente y de manera responsable superar  esta triste situación.


Además, el presidente del TSJCyL ha ordenado a los encargados de los registros civiles que se vele porque las certificaciones médicas de defunción que se presente en el Registro Civil "contengan la expresión de las causas de la muerte, no sólo inmediata o intermedias, sino la causa inicial o fundamental, con el fin de asegurar en la medida de lo posible en lo sucesivo una identificación lo más precisa de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus COVID, si no se recogiera específicamente esta conclusión en la certificación".


Defunciones por provincias


LOS DATOS


- En marzo y abril de 2020, han tenido lugar en Castilla y León 8.633  defunciones, de las cuales 2.067 han sido por Covid-19, 1.605 se han producido por causas compatibles con la pandemia, y 4.961 por otros
motivos.

- Respecto a los fallecimientos de 2019, se ha producido un incremento del  95,9%, ya que hace un año durante los mismos meses murieron 4.407  personas.

- En relación a las defunciones de 2018, se ha experimentado un  incremento del 83,8%, ya que hace dos años en los mismos meses murieron 4.696 personas.

- Las muertes por Covid19 y por causas compatibles con la pandemia en marzo y abril suman un total de 3.672, lo que supone un 42,5% de todas las licencias de enterramiento solicitadas en los Juzgados de Registro Civil.

- Los fallecimientos por causas sospechosas compatibles con Covid-19 se refieren a aquellas en cuyas certificaciones médicas existen procesos patológicos que pueden haber sido causados por la pandemia.

INSPECCIÓN


El presidente del TSJCyL acordó el pasado 13 de abril, en ejercicio de las facultades de inspección que le corresponden, solicitar a los Juzgados de Registro Civil de los partidos judiciales de Castilla y León todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril del presente año, así como los de 2018 y 2019.


Esta actuación se inscribió en el marco de las iniciativas derivadas del  Protocolo del CGPJ para la prestación del servicio judicial durante la  pandemia del Covid-19 y tras fijarse los servicios esenciales que vienen  prestando juzgados y tribunales.

Entre dichos servicios, se incluyeron los referentes a las actuaciones en  materia de Registro Civil y, singularmente por su trascendencia, los  relativos a la inscripción de las defunciones y a la expedición de las  correspondientes licencias de enterramiento.

La información solicitada, junto a la recibida a finales de marzo sobre el  volumen y la carga de trabajo, está ayudando a concretar el régimen y los  efectivos de personal necesarios para atender los diferentes servicios  esenciales de los juzgados.

El presidente del TSJCyL desea poner el valor la tarea que están  desarrollando los jueces y los funcionarios de los Juzgados de Registro Civil  y de los Juzgados de Guardia que ejercen como registros fuera del horario  de aquéllos. “Su abnegado y eficaz trabajo, en ocasiones sin los medios  precisos de protección, constituye una garantía para la seguridad jurídica de  todos los ciudadanos”, recalca.