Los sindicatos han reaccionado a los datos del paro de este martes, que reflejan un duro golpe para la economía salmantina, con un descenso de la afiliación superior a los 300.000 empleados y un crecimiento del paro también muy alto. 

En Comisiones Obreras, tras conocer los datos, han reiterado que "era de esperar que la protección de la vida de las personas y la necesidad de tomar medidas de confinamiento y ralentización de nuestra actividad económica para reducir el número de contagios y de muertes, iba a suponer una pérdida temporal de empleo, una bajada importante de la contratación y una bajada relativa de las cotizaciones en la seguridad social".

Sin embargo, afirman estar preocupados por la diferencia que existen entre los afectados por los ERTES entre Castilla y León y España, mientras que el descenso de afiliados en la Seguridad Social indican "que un importante número de empresas, de forma ilegal, han optado por recurrir al despido de sus trabajadores y trabajadoras, en vez de solicitar la aplicación de un ERTE en su empresa y eso sigue hablando de la cantidad de empresas con políticas de contratación irresponsables e incumplidoras con los mecanismos legales que se han establecido para la protección del empleo".

Para aliviar la situación piden ayudas a las empresas para reabrir los negocios, flexibilidad en la desactivación parcial y temporal de los ERTES para ir recuperando poco a poco las plantillas, todo ello buscando el equilibrio con los beneficios económicos que vayan generando las empresas en su reapertura; así como ayudas económicas que deben cubrir las pérdidas de las empresas, la compensación a las reducciones de los salarios que han sufrido los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, la necesidad de fortalecer la red de protección social necesaria para evitar que siga creciendo el número de personas y de familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso.

Por parte de UGT, mientras, se habla de de "efectos devastadores del COVID-19" y considera que revelan la necesidad de extender las medidas de protección social y los ERTEs. Insisten, además, en la fragilidad del modelo laboral, "un modelo en el que de cada 100 contratos de trabajo realizados, 91 son contratos temporales y precarios". 

Destacan, asimismo, que el impulso de los ERTEs ha evitado una sangría mucho mayor y llaman a tener en cuenta que la crisis no finalizará con el fin del estado de alarma, por lo que para UGT es "imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, no pueden acceder a uno o se han visto afectados por una reducción de ingresos. Es urgente poner en marcha una renta mínima coyuntural y extraordinaria que dé cobertura a las cientos de miles de familias que se han quedado fuera del escudo de protección social y hasta que se haga realidad una Ley de Ingreso Mínimo Vital".