Subvención de 3,3 millones a las diputaciones para contratar desempleados en tareas forestales y prevención de incendios

Subvención de 3,3 millones a las diputaciones para contratar desempleados en tareas forestales y prevención de incendios

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El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana un paquete de subvenciones por una cuantía global de 3,3 millones de euros, que se repartirá entre las nueve diputaciones provinciales para financiar la contratación de 330 desempleados en labores forestales y medioambientales. Estas ayudas forman parte de la Estrategia de Empleo Rural y Local, que tiene como objetivo último incentivar la inserción laboral de personas que no tienen una ocupación y, con ello, contribuir a dinamizar la actividad económica en los municipios la Comunidad. La Junta realizará un anticipo del 40 % del importe total para mejorar la liquidez de las entidades locales en el actual contexto de crisis económica.


Las políticas de fomento del empleo que desarrolla la Consejería de Empleo e Industria se articulan, entre otros ejes, a través de la Estrategia de Empleo Rural y Local, que para este año recoge más de 61 millones de euros en incentivos dirigidos a las entidades locales y a las empresas para la incorporación de desempleados al mercado laboral. En el caso de las instituciones, estos apoyos se vinculan a la realización de contratos para la ejecución de obras y servicios de interés social, tratando de reforzar las actividades productivas con un mayor impacto económico y potencial de creación de puestos de trabajo en el medio rural.


En este sentido, las subvenciones aprobadas hoy pretenden generar empleo en torno a labores forestales y medioambientales, de manera que los desempleados contratados realizarán tareas de control y limpieza de la vegetación los núcleos rurales para la prevención de incendios forestales o la mitigación de sus efectos, en caso de producirse.


Se trata de una actividad esencial, que el Gobierno autonómico va a mantener en estas circunstancias excepcionales. Asimismo, la Consejería de Empleo e Industria ha previsto la concesión de un anticipo equivalente al 40 % del importe total de la subvención con el fin de facilitar liquidez a las corporaciones provinciales en estos momentos de dificultades económicas.


Las ayudas permitirán financiar los costes salariales y de Seguridad Social de 330 trabajadores, según las estimaciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), que se agruparán en un mínimo de cuatro cuadrillas compuestas por cinco integrantes en cada provincia. Su distribución por instituciones provinciales es ésta: Ávila, 380.000 euros; Burgos, 370.000 euros; León, 480.000 euros; Palencia, 310.000 euros; Salamanca, 420.000 euros; Segovia, 300.000 euros; Soria, 340.000 euros; Valladolid, 300.000 euros, y finalmente Zamora, 400.000 euros.


Criterios de asignación

La asignación se ha realizado a partir de una cuantía fija de 200.000 euros para cada diputación –necesaria para sufragar el mínimo de cuatro cuadrillas establecidas– y otra variable, que es el resultado de ponderar otros criterios como la tasa de paro provincial, la superficie forestal de cada territorio o el número de incendios sufridos en el último lustro. Los trabajos estarán coordinados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que planificará con las corporaciones locales la formación de los capataces y las demarcaciones donde se debe actuar, cumpliendo los criterios de seguridad y salud laboral.


Las diputaciones provinciales deberán otorgar preferencia en las contrataciones a desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl que sean jóvenes menores de 35 años –fundamentalmente sin cualificación–, mayores de 45 años –en particular, los que carecen de prestación y tienen cargas familiares– y los parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión.


En todos los casos se trata de colectivos definidos como prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, consensuada entre la Junta y los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social.