La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) ha considerado que el Gobierno de la nación no debe exigir el uso generalizado de Equipos de Protección Individual (EPI) si antes no garantiza el acceso a estos equipos para poder asegurar la seguridad de los trabajadores.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la CVE ha compartido las estimaciones de la CEOE según las cuales el 95 por ciento de las empresas no dispone de EPI necesarios para cumplir en el que vuelven a funcionar actividades no esenciales las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad en el día por lo que advierten de que las empresas tengan que afrontar la denominada "deshibernación económica" con "inquietud, nerviosismo y preocupación".

La CVE ha explicado que las empresas se están planificando para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente dos metros tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo, "evitando también aglomeraciones en zonas comunes, escalonando horarios y facilitando el teletrabajo".

Dicho esto, la patronal vallisoletana ha insistido en su llamamiento al Gobierno para no exigir el uso generalizado de EPI si antes no garantiza que las empresas pueden acceder a estos equipos de protección individual y no establece un cauce para que puedan hacerlo "de forma ordenada y a la mayor brevedad posible".

La CVE ha echado en falta a este respecto "directrices formales y estructurales" sobre cómo las empresas deben volver a la actividad empresarial. "No hay información sectorial, ya que no es lo mismo que reabra una industria pesada que una pyme que se dedique a la relación directa con el cliente final, todo se remite a la guía publicada por el Ministerio de Sanidad y ni siquiera se puede tener claro si puede usarse como marco normativo de actuación puesto que en es solo una guía práctica, a no ser que aclaren algo al respecto", han manifestado.

Para la Confederación Vallisoletana de Empresarios también es "clave" que se comiencen a realizar pruebas de inmunidad en sectores de actividad como las estaciones de servicio o el comercio de alimentación donde los empleados están "muy expuestos" al público en general.

"Las personas inmunizadas, están protegidas de la infección, son seguras porque no transmiten el virus y porque ellas en sí no se pueden contagiar. Conociendo quién ha pasado la enfermedad, aunque sea de manera asintomática, sería una opción para saber quienes pueden desarrollar su actividad laboral en condiciones de cierta normalidad y sin ponerse en riesgo a ellos mismos, ni a sus compañeros y clientes", defienden desde la CVE.

"Estamos hablando de aligerar las medidas de confinamiento para una parte importante de la población. Esto permitiría entregar una especie de documento de inmunidad y con ello anticipar la apertura de muchos negocios", sugiere la patronal vallisoletana para poder anticipar la apertura con normalidad de gran parte de la actividad empresarial y ayudar a frenar la crisis económica fruto del parón económicocon una caída del PIB estimada en un 5 por ciento para el conjunto del año (con diferente afectación por sectores).