España e Italia caminan ya de la mano en número de infectados por COVID-19, aunque los italianos a fecha de hoy todavía nos ganan por 3.000 muertos. Una liga fúnebre cuyo pódium se mide por la patulea de cadáveres de cada cual. Es un dato que da la medida de la pésima gestión de la crisis sanitaria aquí y acullá.

A Gran Bretaña y Estados Unidos les echamos de comer aparte (también a Brasil y México), con esos dirigentes descerebrados suyos que bravuconeaban como palomos buchones ante la “gripecita” de nada que desquiciaba a los chinos y mandaba al otro barrio a miles de muelles y blandengues europeos.

"El brasileño no se contagia porque es capaz de bucear en una alcantarilla", sostenía Bolsonaro con petulancia, mientras Trump, adoptando esa pose arrogante que le caracteriza, ironizaba sobre el poco temor que le causaba “el virus chino”.

En unos casos pura bravuconería, populismo de la peor estofa, y en otros, un miedo cerval a tomar las medidas contundentes que la emergencia requería.

La dramática situación de las Españas solo puede explicarse por lo segundo, es decir, por miedo a actuar, una lamentable dejación de funciones que bien puede calificarse de negligencia criminal. Porque ¿cuántas vidas se habrían salvado de haber hecho los deberes a tiempo?

El 31 de enero, el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional por el brote del coronavirus de Wuhan, un mes después de que el gobierno chino advirtiera de la gravedad de la situación en su territorio y de la facilidad exponencial con la que el virus se extendía y el riesgo que entrañaba para el mundo.

Las declaraciones de emergencia de la OMS son de obligado cumplimiento para los países que están acogidos a este organismo internacional, que son la mayor parte, entre ellos todos los de la Unión Europea, incluido España. La OMS estableció a finales de enero planes de contingencia y exhortó a los diversos países a la adopción de todo tipo de medidas de prevención, incluidas las de tipo económico. Advertencias que cayeron en saco roto, como hemos podido comprobar, en muchos países, entre ellos, unos cuantos de la UE, incluido España.

La propia UE advirtió a primeros de febrero de la gravedad de la pandemia en China. Y el 13 de febrero, todos los Estados miembros se reunieron a nivel político en un Consejo EPSCO extraordinario sobre salud para debatir y coordinar medidas destinadas a limitar la propagación del brote de COVID-19 y estudiar nuevas medidas de preparación de cara al futuro. El propio Gobierno de España informa en su portal web de esta reunión, a la que asistió el ministro Illa.

Con estos antecedentes, está claro que los gobiernos sabían perfectamente lo que venía. Resulta, por tanto, muy difícil de entender que en España todavía se estuvieran autorizando manifestaciones, congresos y partidos de fútbol el 8 de marzo, o sea, casi tres semanas después del aviso de la UE, y que no se tomaran medidas para contener la expansión de la pandemia.

El Gobierno español ni siquiera se preocupó de que los hospitales estuvieran pertrechados con el material necesario (mascarillas, respiradores, guantes, trajes impermeables…), negligencia que se ha traducido en un montante escandaloso de contagiados entre el personal médico. Una cifra cercana ya a los 19.000, que constituye otro triste récord de nuestro país.

Ni el Ministerio de Sanidad o el de Asuntos Sociales, ni las comunidades autónomas se preocuparon de establecer protocolos estrictos para aislar las residencias de mayores, que eran los puntos más vulnerables. Algunas residencias adoptaron medidas a titulo particular, gracias a las cuales, evitaron que la pandemia entrara en ellas, pero no recibieron directriz alguna hasta mediados de marzo.

Nadie tuvo tampoco redaños para decretar con rapidez el aislamiento de Madrid o Barcelona, los dos grandes focos de contagio, lo cual se tradujo en una expansión generalizada y sin control del virus por todo el territorio español. Se explica así el número exorbitante de contagiados en nuestro país, que ocupa ya el segundo puesto tras Estados Unidos.

Así pues, ¿cómo es que pueden decirnos ahora que no ha habido falta de previsión, que no ha habido negligencias? ¿Cuántos muertos nos habríamos ahorrado si nuestros gobernantes hubieran sido más precavidos y previsores?

Desde luego, algo huele a muerto en el Gobierno. En todos los sentidos, sí.

Claro que un político con el instinto de Pedro Sánchez no querrá ser quien pague la ronda. Para pagar las facturas tiene a los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Desempleo, Yolanda Díaz, la de las risitas bobaliconas mientras explicaba los siniestros datos del paro en marzo.

El rostro de Illa presenta de día en día un aspecto sombrío y cerúleo en las ruedas de prensa. Si finalmente se confirma la relación del PSC con la empresa de Tarrasa que intermedió con China para los polémicos test fallidos, blanco y migado. Al tiempo.