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Economía

La Junta amplía el plazo y tendrá diez días para resolver la suspensión de contratos y reducciones de jornada

31 marzo, 2020 10:35

La Consejería de Empleo e Industria ha ampliado en cinco días el plazo máximo previsto para la resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. De este modo, a los cinco días iniciales se suman otros cinco días, total diez días. 

Según argumenta el consejero, Germán Barrios, en la disposición publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de este martes, 31 de marzo, el número de las solicitudes formuladas en la Comunidad Autónoma derivadas de la suspensión de actividades que ha sido ordenada por las administraciones públicas estatal y autonómicas hacen presuponer un "difícil cumplimiento" del plazo máximo de resolución.

Barrios explica también que la suspensión de actividad "tan extensa y generalizada" que afecta, además, "a la mayor parte del tejido económico de Castilla y León" y que es obligada ha motivado, "como no podía ser de otro modo", la presentación de un gran número de solicitudes de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tienen su causa en el COVID-19.

"No debemos olvidar que los procedimientos de regulación de empleo, aunque sea temporal, tienen un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo y la economía, y sobre todo, para los trabajadores y los empresarios", reconoce el consejero que recuerda que la Administración debe ser rigurosa en su aplicación lo que obliga a examinar y a constatar la existencia "caso por caso" de la fuerza mayor alegada por cada una de las empresas; a requerir la subsanación de deficiencias de la documentación aportada y la acreditaciones de la fuerza mayor.

El consejero hace especial hincapié en la necesidad de evitar que se puedan producir autorizaciones no ajustadas a la legalidad vigente en perjuicio de los trabajadores y del interés público.

"Este análisis y verificación de datos relativos a las numerosas empresas que han presentado solicitudes es una tarea que requiere de un tiempo importante que puede llevar a sobrepasar el plazo legal establecido. Por todo ello, resulta necesario adoptar una decisión que dé una respuesta extraordinaria y razonable para el conjunto de tales expedientes y enfocar el cumplimiento regular de los plazos de una manera global respecto a todos ellos", sentencia para explicar la ampliación en cinco días del plazo máximo inicial de otros cinco.