Cansino es entrar en las redes sociales, encender la televisión y ver programas donde todo personaje opina y todo político tiene el don de la sapiencia, la clarividencia y la solución a todos los desafíos. La palabra más escuchada, al margen del coronavirus, es “Hay que...”. Cuando llegan acontecimientos como los que estamos viviendo, por desgracia, aparecen los sabiondos y listillos que hablan de temas pontificando desde su lugar de supina ignorancia. Estos sabiondos y listillos pretenden saber lo que pasa y cómo se deben hacer las cosas, por encima de lo que profesionales y científicos del tema aportan.

Nunca está de más recordar, porque el que escribe fue testigo de primera línea- desde que octubre de 2012, la Junta decidió suprimir las guardias médicas nocturnas en 18 zonas rurales de Castilla y León, la gestión de la Sanidad pública ha sido una fuente inagotable de conflictos y, para más colmo, la llamada de atención sobre lo que venía en años siguientes y, muchos, sobre todo las gentes del mundo rural –ciegas con “lo que mandan los de arriba”, suelen decir- no quisieron ver y desviaron la vista para otro lado.

En estos nefastos días llega la evidencia clara: la pandemia del COVID–19 está dejando al desnudo todas las carencias actuales de nuestro Sistema Sanitario Público, que si hace 10 o 15 años se encontraba entre los mejores de Europa, debido a una política permanente de recortes y privatizaciones, es decir, de mercantilización de la salud, y a pesar de los esfuerzos de sus trabajadores y trabajadoras, está siendo incapaz de dar una respuesta adecuada a la actual crisis. Además, los de siempre, aprovechando la coyuntura, están dando un nuevo impulso a la liquidación de la Atención Primaria, no lo olvidemos ni dejemos pasar de largo.

Pablo Casado, como si la cosa no fuera con él, niega que el PP hiciera recortes en Sanidad "ni en los peores años de la crisis", pero la realidad es que la política de austeridad del mandato de Rajoy ha dejado inerme al sistema sanitario frente a una pandemia como la actual. Solo es escuchar a las diversas asociaciones en defensa de la Sanidad Pública, de médicos, de enfermeras, de sindicatos, para asegurar que entre las complicaciones y los factores de riesgo se sitúa la importancia de los recursos sanitarios, aún no hemos llegado al personal, sino de los recursos materiales, es decir, los famosos EPI inexistentes porque no había por qué disponer de ellos. Una vez que se valoraron como importantes hubo que ir al mercado, al que llegaban a solicitarlos muchos países y gobiernos, en todo el mundo. Pero la producción es limitada.

Más de un analista económico, muy acertadamente, apuntan que desde hacía varios decenios, los productores textiles se habían deslocalizado con la globalización, que había tomado un camino neoliberal hacia la ganancia económica pura y dura, se habían marchado de España a lugares del extremo oriente donde la producción se abarataba por el exceso de mano de obra a muy bajo precio. La consecuencia la hemos vivido ahora: los lugares de producción textil e industrial no están en España, están en China, y había que comprar o unas pocas unidades o líneas enteras de producción. Ahora todo es gritar y buscar culpables.

A lo que vamos. Los recursos sanitarios que se han demostrado útiles y eficaces en la asistencia de esta pandemia han sido los recursos de la sanidad pública. Una sanidad pública que había visto como en 2012 se le recortaban 10.000 millones de euros y que en las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha (2012-2015) y Galicia sufrían unos recortes brutales y fundamentales, de hecho en Madrid llega a tal punto que en el año 2018 se sitúa en la penúltima Comunidad en gasto por habitante en sanidad. La desaparición de más de 3.000 puestos de profesionales sanitarios es otra realidad. En este estado de precariedad aparece la pandemia y arrasa con las carencias provocadas hace años y que ahora se ponen en evidencia. Nadie quiere asumir los recortes que acontecieron entre 2012 y 2016 y que aún no se han recuperado. España gastaba en torno al 6,5% del PIB en sanidad hasta 2011, desde 2012 inicia un descenso hasta el 5,6% del año 2018. Hemos de recordar con fuerza y rabia que los recortes en sanidad e investigación matan, esa fórmula de la derecha económica es demoledora cuando vienen mal dadas, como en esta ocasión. Los que han venido negando sus propios actos no son políticos, sino politiquillos/as de tres al cuarto y éstos son muy peligrosos/as.

Todo comenzó en 2012

Conviene recordarle –sobre todo al señor García Egea, ‘el campeón del mundo de lanzamiento de cuñas de aceituna’- que ya en 2012 –y recupero la información de aquellos días- el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “ha acelerado las reformas y los recortes con su equipo económico y con los ministros afectados, y planea recortar 10.000 millones de euros, en educación y sanidad. El Ejecutivo lo ha anunciado en una nota de prensa enviada a los medios. Por eso, el PSOE ha pedido formalmente la comparecencia del presidente en el Congreso para explicar estos nuevos ajustes, porque considera que no es adecuada la vía del anuncio a través de un comunicado”. La nota hablaba de próximas privatizaciones, de cambios en sanidad y de educación y de "mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha en este mes". Y cita expresamente la sanidad y la educación para explicar que "el ahorro previsto superará los 10.000 millones de euros". Esta cifra supondría casi el 10% del gasto sanitario total.

Como parece que su memoria es frágil, conviene recordarle que el Gobierno del PP madrileño dedica la segunda menor cantidad en los presupuestos (por habitante y año) a la Sanidad entre todas las CCAA, que desde 2010 hasta 2019 se dedicaron a la Sanidad 10.888 millones € menos que si el gasto sanitario por habitante hubiera sido el promedio de las CCAA, que cerraron 1.950 camas entre 2010 y 2018, que mantienen cerrado el antiguo hospital de Puerta de Hierro (entre 400 y 600 camas) desde 2008, que los hospitales que inauguró Esperanza Aguirre y que se vendieron como “modulares” y progresivamente ampliables, nunca se ampliaron, que se cerraron camas según se abrían nuevos hospitales y, en Madrid, se produjo la paradoja, eso sí que es “un hito en la historia mundial” de que después de abrir 11 hospitales nuevos las camas disponibles habían disminuido, que se perdió empleo sanitario, que se precarizó una gran parte del que quedaba, que en Atención Primaria Madrid tiene el dudoso honor de ser la comunidad autónoma con más tarjetas sanitarias por profesional de enfermería y pediatría, la segunda por medicina de familia y la cuarta por profesional administrativo, y un larguísimo etc. que excede con mucho la extensión de una misiva pero que está perfectamente reflejada en numerosas publicaciones y en la web de la FADSP   (www.fadsp.org).

Todo ello, sin hablar de la espantosa situación de las residencias de mayores, que aunque no es competencia directa suya, si lo es de su Gobierno regional, que privatizadas y sin control, son evidentemente una de las causas de la extensión de la epidemia, y lo que es más importante: de la mortalidad en la Comunidad de Madrid. Desde el 2010, tanto los gobiernos de España como los de sus diferentes autonomías (la sanidad es una competencia transferida) aprobaron una serie de recortes sanitarios que debilitaron el sistema y que lo dejaron desnudo a la hora de afrontar, entre otras cosas, esta excepcional crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.

Un informe del Ministerio de Sanidad del año 2019 indicaba lo siguiente: «La dinámica de contrataciones (incluyendo sectores público y privado) en los últimos años se caracteriza por la prevalencia de los contratos temporales, particularmente los de muy corta duración (menos de un mes), que representaban en 2014 el 70% de todos los contratos temporales para los médicos de familia y el 64% para los demás especialistas. En 2017 se firmaron casi veinte mil (19,978) contratos temporales con médicos de familia (equivalentes al 51% del total de médicos de familia que trabajaban en el SNS en enero de 2018), y 40,754 contratos temporales con otros especialistas médicos. La tasa de temporalidad de los nuevos contratos es mayor para los médicos de familia que para el resto de especialistas, aunque ha mejorado en los últimos años. En 2017 sólo el 6.9% de los contratos de los médicos de familia fueron indefinidos».

Para este 2020, España había presupuestado para el gasto sanitario público un 5,9% de su PIB, si bien las cuentas ahora se pospondrán al 2021 por esta crisis. Este porcentaje era del 6,77% en el 2009. Pero veamos también los sucesivos gobiernos nacionalistas/independentistas de Catalunya –la segunda CCAA más afectada, tras Madrid, por el coronavirus-, una de las comunidades que más recortó en los últimos años, dedica tan solo el 3,9% de su PIB a la sanidad pública. La media europea es del 7,5%. Según el sindicato Metges de Catalunya (MC), Catalunya perdió, en los últimos años, unos 900 médicos de atención primaria (aunque a raíz de la huelga del 2018 se recuperaron en torno a 250) y mil camas de agudos.

El informe 'State of Health in the UE. España. Perfil sanitario nacional 2019', la Comisión Europea (CE) destaca que "una importante parte de los profesionales sanitarios tienen "contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal". La Comisión incide especialmente en que el porcentaje de enfermeras por ratio poblacional está "muy por debajo de la media de la Unión Europea (UE): 5,7 por cada mil habitantes frente al 8,5 europeo. Hay una inquietud creciente sobre la escasez de enfermeras y médicos, en particular de médicos de familia, ya que muchos se aproximan a la edad de jubilación”. En Catalunya faltan unas 17.000 enfermeras, según el Consejo General de Enfermería.Durante los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid se clausuraron casi 3.000 camas hospitalarias (una de cada cinco) y se despidió a 3.200 trabajadores de la sanidad pública, al tiempo que se dilapidaban millones en contratar la construcción de siete hospitales privados con fondos buitres y empresas implicadas en la financiación ilegal del partido. En 2017, el 60,35% del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid fue a parar a manos de empresas privadas.

Algunos de aquellos dirigentes que lapidaron el sistema público de sanidad, están hoy contagiados por el coronavirus, como la lideresa del PP, Esperanza Aguirre, quien fue atendida, junto a su marido, en un hospital público de gestión privada como el Hospital Jiménez Díaz. Ella, que afirmó rotundamente:"La obligación de los políticos es gestionar los servicios públicos al menor coste posible. Y no le quepa la menor duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública".

Más aún, según la investigación del juez Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional, el PP de Madrid utilizó la construcción de siete hospitales para financiarse ilegalmente –mediante comisiones del 1% del valor de cada contrata– por valor de al menos 1,88 millones de euros. En total, Aguirre podría haber desviado para sus campañas electorales hasta tres millones de euros de dinero público asignado a levantar esos nuevos centros hospitalarios.

Castilla y León no se salva de la quema

Y Castilla y León, pues más de lo mismo. Un ejemplo concreto fue la implantación de los sistemas de gestión basados en criterios economicistas contrapuestos a la eficiencia social “que deterioran el sistema sanitario público y ponen en riesgo su supervivencia”. En esa línea enmarcan las diversas Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública la implantación de las polémicas unidades de gestión clínica, que llegan a calificar como un “caballo de Troya" para desarticular desde dentro el sistema público en beneficio de la Sanidad privada. Dichas Plataformas acusan a la Junta de pervertir los valores éticos y profesionales de la Sanidad pública, “sustituyendo la prioridad de trabajar para los pacientes por la de trabajar para los gerentes”. “Mientras los trabajadores y trabajadoras achicábamos el agua que entraba y reparábamos en lo posible los desperfectos producidos, los responsables de la gestión la gestión ha ido poniendo nuevas y nuevas dificultades con la finalidad de conseguir que nuestro sistema se siga hundiendo”. Denuncian que la línea de privatizaciones, el altísimo nivel de interinidad de los empleados y el falseamiento de la listas de espera y datos de atención afectan de manera dramática a la población. Así mismo apuntan a la política de recortes en los recursos de atención primaria como una de las causas de despoblación de muchos municipios de Castilla y León.

Mientras el servicio público de salud se cae, las cuentas de resultados del negocio privado de la salud crecen. Sólo para refrescar conciencias, me hago eco de los manifiestos leídos por las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León. Porque de aquellos polvos, como diría don Quijote, vienen estos lodos. Los ciudadanos y sus movilizaciones “es el principal aval de regeneración de un sistema sanitario público que quieren arrebatarnos. Todas las personas juntas para gritar ¡Nos sigue doliendo la Sanidad! y desde ese clamor volver a congregar a todas las castellanas y leoneses en la ciudad de Valladolid el 26 de Enero, para hacer valer las pretensiones que hace un año ya reclamábamos:

- Acabar de una vez por todas con los recortes de los años pasados y conceder un mayor peso en los presupuestos a la atención primaria, especialmente en el medio rural.
- Recuperar todo el empleo perdido en el sistema sanitario público y dignificar el trabajo de sus profesionales.
- Reducir todas las listas de espera, las quirúrgicas y las diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.
- Fortalecer un modelo de sanidad 100% público y acabar con el modelo público-privado del HUBU, una sangría para las arcas públicas de esta Comunidad.
- Impulsar programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de la atención primaria.
- Introducir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud y en la promoción de la misma.
- Acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área.
- Cumplir rigurosamente la Ley de Incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

Las voces chillonas de algunos políticos, formaciones políticas y ciertos medios de comunicación con sus nuevos ‘epidemiólogos’ y adivinos son disonantes e impertinentes, desleales e inducen a la confusión al emitir mensajes muy contradictorios e incluso medias verdades y cuando no falsos, fakes. Son destructivos porque calan en la conciencia de los sufridos ciudadanos que viven con resignación esta pandemia.

Con este artículo no quiero, ni debo, ni me corresponde evaluar la gestión de esta crisis sanitaria por este Gobierno, ni por otro que los españoles hubieran elegido democráticamente –no lo olvidemos-. Momento habrá de pedir muchas responsabilidades, muchas de un lado y de otro para prevenir crisis futuras. Aunque muchos párrafos de este artículo son copia y pega de las diversas informaciones realizadas por los medios de comunicación y algunos manifiestos leídos e incluso escritos en su momento por este periodista –van todos en cursiva-, no está de más recordar que en épocas de crisis, en épocas difíciles, los inteligentes buscan soluciones, los incompetentes buscan culpables, ay!