“Al público le faltaba un punto de comparación. Solo a la larga, comprobando el aumento de defunciones, la opinión tuvo conciencia de la verdad”.

Sábado, 28 de marzo de 2020.

(14º día de cautiverio)

Estamos centrando todas nuestras energías en el momento presente, como es lógico, dada la grave situación de emergencia sanitaria, pero deberíamos plantearnos también los escenarios a medio y largo plazo derivados de la misma. Porque, aunque estemos confinados un par de meses en casa, el coronavirus seguirá formando parte de nuestras vidas cuando volvamos a salir a la calle hasta que no se elabore la vacuna que lo neutralice. Y a pesar de algunas previsiones optimistas, teniendo en cuenta los periodos habituales que requiere el proceso de desarrollo de una vacuna, no es probable que esta vaya a llegar en lo que resta de año.

De manera que nuestros hábitos sociales tendrán que cambiar mucho y adaptarse a este nuevo panorama. Algunas entidades advierten ya de este cambio de hábitos: mantener las distancias personales, la asepsia en muchos de nuestros actos cotidianos, las concentraciones de personas, etc.

¿En qué medida repercutirá la situación presente y esos nuevos hábitos sociales en la economía? He aquí la respuesta del millón. La postura inicial de la UE y de otros países, caso de Estados Unidos, ha sido una receta keynesiana: poner en el mercado el dinero que haga falta para evitar el colapso de la economía. Una receta que, en principio, parece acertada, pero que también tendrá consecuencias a la larga.

Ingenuamente, yo me pregunto, por ejemplo: ¿Tendrán ganas los españoles de viajar este verano por el mundo, como acostumbran, a falta de una vacuna que prevenga de un posible contagio? ¿Tendrán ganas los extranjeros de venir a nuestras playas paradisíacas por la misma razón?

Y, a mayores, con el paro galopante que se prevé, ¿tendremos dinero en los bolsillos para pagar esos viajes, para volver a las tiendas y comprar del modo compulsivo que teníamos hasta que llegó el coronavirus, para renovar nuestros viejos automóviles? Pienso sinceramente que no.

Por tanto, algunas de las declaraciones del presidente del Gobierno, cuando compareció ante los españoles para justificar las medidas del estado de alarma, fueron una gran mentira. Advirtió Pedro Sánchez a las empresas: “No hagan despidos, porque esto pasará, y en dos meses todo volverá a ser como antes”. Falso, en mucho tiempo nada volverá a ser como antes, ni nuestra situación sanitaria ni nuestra economía ni nuestros hábitos sociales.

Tampoco la del mundo, es cierto. Pero crear falsas expectativas en los ciudadanos no es la mejor manera de solucionar los problemas.

La situación sanitaria es de extraordinaria amenaza, porque el virus se contagia con insólita facilidad. Si vamos a permanecer un par de meses de cautiverio, no parece razonable que volvamos a los hábitos de antes, mientras no dispongamos de la vacuna, y tiremos todo por la borda en poco tiempo y volvamos a estar como al principio.

Si esto es así, ¿se autorizarán reuniones masivas? ¿Y qué se considerará masivo, un partido de fútbol, las fiestas de un pueblo, entrar a tomar un refresco en un bar concurrido? ¿Podrán volver como antes los colegiales a sus colegios y los universitarios a sus universidades?

La manera de sortear el bache económico adoptada por el Gobierno tampoco parece la más adecuada. Algunas de las medidas económicas y laborales, caso de los ERTEs, se han implementado con improvisación, y atendiendo en demasía a la carga ideológica más que a los intereses generales de la sociedad. Y a la postre, ojalá nos equivoquemos, estas medidas pueden acabar siendo mucho más letales para el empleo, que es, paradójicamente, lo que tratan de proteger.

La portavoz del Gobierno y la ministra de Trabajo han salido estos días a la palestra pública y no han dejado de satanizar al mundo empresarial. “Ojo con aquellas empresas que aprovechen las circunstancias para realizar despidos o que presenten ERTEs fraudulentos. La Inspección de Trabajo los mirará con lupa”.

Incluso a Pedro Sánchez, que se extendió el otro día alabando la labor de los empleados públicos, muy justa, sin duda, “se le olvidó” sorprendentemente hacer otro tanto con el sector privado. ¿Acaso no delata ese lapsus una indeseable carga ideológica?

Claro que la obligación del Ministerio de Trabajo es vigilar que el dinero público se gaste adecuadamente y sirva al interés general.

Pero es que los ERTEs, que pueden ser una medida adecuada para muchas empresas, para otras tal vez no lo sean tanto. Y el Gobierno, además de sembrar la norma de trampas, está tratando de cerrar otras salidas. Así, con el afán de proteger tres empleos en una pyme no afectada directamente por el cierre establecido en el decreto de estado de alarma, puede acabar destruyendo a la propia empresa, o lo que es lo mismo, al resto de trabajadores de la misma. Eso no es proteger el empleo, es justamente lo contrario.

Los propios ERTEs pueden ser pan para hoy y hambre para mañana para muchas empresas. Si de lo que se trata es de proteger los puestos de trabajo, las empresas acogidas a los mismos se comprometen a no realizar despidos en 6 meses. Pero ¿podrán cumplir ese compromiso ante el incierto panorama que se vislumbra?

Un país serio debería tener como objetivo inmediato solventar la sangrante situación sanitaria presente. Pero, al mismo tiempo, debería estar diseñando ya el que será nuestro futuro inmediato y a medio plazo, tanto el social como el económico.

El paro crecerá, lo quieran o no el Gobierno y los sindicatos. Lo que no se puede hacer, por meros condicionantes ideológicos, es abocar a muchas pequeñas y medianas empresas al matadero y que el paro acabe siendo al final diez veces superior al que debería. Y tampoco parece ético llenar la cabeza de los ciudadanos con falsas esperanzas.

A la gente hay que decirle la verdad: nada será igual cuando salgamos a la calle y resultará imposible mantener el nivel de empleo actual. Así pues, se trata poner en marcha las medidas más convenientes para salir del bache cuanto antes y con los menores daños posibles.

Satanizar a las empresas, que son las que en realidad crean el empleo, o asfixiarlas económicamente con medidas fulleras, como la de impedirles los despidos por causas de fuerza mayor, no parece la fórmula más apropiada.

Corremos el riesgo de que al final del túnel solo nos quede repartirnos la miseria, pois, pois.