La consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha confirmado esta mañana el fallecimiento de un total de 61 personas relacionadas con el COVI-19 que estaban alojadas en residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros de personas con discapacidad públicos.

En concreto y según los datos facilitados este martes, 24 de marzo, por el Gobierno autonómico, los datos son los siguientes: 61 personas fallecidas, 335 casos confirmados por coronavirus, 1.840 personas en aislamient.

Por provincias, en Ávila se han contabilizado 6 fallecidos, 16 casos confirmados y 140 personas aisladas; en Burgos, 10 fallecidos, 76 casos confirmados y 291 aislados; León: 8 fallecidos, 23 positivos, 391 aislados; Palencia, 2 fallecidos, 17 confirmados, 90 aislados; Salamanca, 7 fallecidos, 80 confirmados, 152 aislados; Segovia, 16 fallecidos, 31 confirmados, 230 aislados; Soria, 4 fallecidos, 38 confirmados, 343 aislados; Valladolid, 8 fallecidos, 52 confirmados, 106 aislados; Zamora, 0 fallecidos, 2 casos confirmados, 97 aisladas.

No obstante, la consejera ha puntualizado que no todos los casos que aquí figuran han sido confirmados por coronavirus, ya que a algunos de ellos no se les han realizado las pruebas.

Blanco Llamas ha querido dejar muy claro que "no hay constancia de que convivan en las residencias de mayores cadáveres con personas mayores", y ha pedido al Gobierno de España que clarifique la información facilitada en las últimas horas sobre el hallazgo por parte de la UME en resisdencias de toda España de personas muertas en sus habitaciones. "Somos un gobierno leal con el Gobierno de España", ha advertido la consejera, quien ha anunciado que el Gobierno autonómico se personará en posibles diligencias que abra la Fiscalía ante situaciones anómalas que se puedan dar en alguna residencia o en algún centro sociosanitario de la Comunidad, además de que informará al Ministerio Público de cualquier situación irregular que se detecte en estos centros.

Isabel Blanco ha explicado que se ha dado órdenes a los Servicios Jurídicos de la Junta para que pongan a disposición de la Fiscalía toda actuación o información que necesite, además de que en el caso de que se abran diligencias en residencias de ancianos o en otros centros "por situaciones anómalas", dentro de la "situación especial" generada por el Coronavirus, el Gobierno regional se personará en las causas.

Pero además, se ha pedido a las personas que trabaja a diario con las residencias y que las visitan para prestar apoyo y conocer cómo están, que ante cualquier situación "anómala o incumplimiento" que detecten lo pongan en conocimiento de la Fiscalía para que abra diligencias, por lo que la colaboración "será en los dos sentidos".

Isabel Blanco ha pedido a la ministra Margarita Robles que sea "clara" y no genere "más confusión" y de explicaciones de lo que puso de manifiesto con estas declaraciones, al tiempo que le ha pedido "lealtad" al igual que lo está teniendo Castilla y León con el Gobierno central en todo lo que tiene que ver con la gestión de Coronavirus.

Y es que según la consejera, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado en varias ocasiones a la ministra, desde el pasado viernes, y aún no ha obtenido respuesta a esas llamadas.