La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid emprenderá acciones legales contra la dirección de la empresa Konecta, si "mantiene su actitud" y no toma medidas para salvaguardar el riesgo de contagio de coronavirus entre sus trabajadores y no toma las medidas de prevención y protección necesarias, conforme a las directrices y órdenes del Gobierno.

Asimismo, CSIF insta a las administraciones a que intervengan, para que la empresa cumpla con las medidas de actuación que se exigen.

CSIF explica que, a pesar de la reunión celebrada el domingo entre dirección y representantes sindicales, en la que se informó de diversas medidas de prevención que iba a tomar la empresa, la realidad "al menos en el centro de Valladolid es que "no se ha hecho nada".

Según el sindicato, "ni se han establecido distancias de seguridad en los puestos, ni parece que se han llevado desinfecciones adecuadas del mobiliaria y material que se utiliza, ni se están dando material de protección (gel, guantes, cascos personales), o tampoco se está implantando el teletrabajo".

CSIF considera "imperdonable e incomprensible", que a estas alturas de la emergencia sanitaria que vive España, un grupo empresarial como Konecta, que en Valladolid cuenta con unos 1.800 empleados, en la jornada de este lunes siga sin tomar medidas de prevención adecuadas.

"Es una irresponsabilidad, que puede provocar una propagación de la infección por Valladolid, no solo entre los trabajadores, sino también a sus familias y entornos", ha aseverado CSIF, quien ha acusado a la empresa de tratar de salvaguardar sus intereses económicos, "y solo pretende resolver la situación a costa del perjuicio de los propios trabajadores, a los que se les insta a coger vacaciones o excedencia".

Incluso, lamenta la sección sindical de CSIF, la empresa dice que no se tomarán represalias contra el empleado que no trabaje, pero que se le descontará el salario.

CSIF insiste en que, si la empresa no es capaz de encontrar soluciones a las exigencias de prevención que ha marcado el Gobierno, y que son de obligado cumplimiento, debe cerrar sus centros de trabajo.