La Delegación del Gobierno ha puesto a disposición del sistema sanitario de Castilla y León un total de 35.000 mascarillas, así como otro instrumental médico, que almacenaba en sus dependencias.

Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán en Castilla y León con proporcionalidad a la hora de sancionar los incumplimientos de la limitación a la libertad de circulación de personas durante la vigencia del Estado de Alarma, apelando a la responsabilidad individual y sin convertir la Comunidad Autónoma ni el país en un estado policial.

Las sanciones serán propuestas, básicamente, en base a delitos de desobediencia, en casos en los que la ciudadanía se resista fehacientemente a responder a las recomendaciones y advertencias de los agentes de la autoridad, que se dirigirán a las personas en primer lugar explicándoles los detalles del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que entró en vigor a las 0:00 horas de este domingo, y regula esta situación excepcional.

El Gobierno no crea ningún régimen sancionador “ad hoc” para las infracciones durante el Estado de Alarma, sino que las actitudes de resistencia a las normas en vigor llevarán aparejadas las propuestas de sanción que ya contienen otras normas aplicables a este tipo de casos.

La tramitación de estas propuestas de sanción, que deberán observar los plazos administrativos (denuncia, desarrollo del expediente por un instructor, etc), no finalizarán hasta transcurridas semanas, o incluso meses.

Además de la coordinación desde la Delegación del Gobierno con los ministerios, el delegado mantiene un contacto permanente con los subdelegados, con quienes esta misma mañana mantuvo un encuentro por videoconferencia durante el que les ha transmitido peticiones para los ayuntamientos de sus provincias que ayuden a garantizar el abastecimiento en los establecimientos de alimentación y servicios básicos en la Comunidad Autónoma.