La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de varios delitos por usurpar la patente internacional de un cuchillo calefactable, FrozenCut, lo que habría causado un perjuicio ecoómico de 1,5 millones de euros.

Según ha informado la Guardia Civil, a los presuntos responsables se les acusa de los delitos de apropiación indebida, contra la propiedad industrial, administración desleal, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Fue en enero cuando se inició la operación Froxen, con motivo de un requerimiento judicial a la Guardia Civil de Ávila para que iniciara investigaciones relativas a una posible usurpación de una patente registrada por la invención de un aparato tecnológico.

La operación toma el nombre de el FrozenCut, un cuchillo térmico que alcanza una temperatura de 200 grados centígrados que permite cortar productos congelados sin esfuerzo y logra la completa esterilización de las herramientas de corte.

Durante el año 2014, la víctima creó la patente a nivel nacional, en 2015 se convirtió en internacional y en 2016 fue presentado en ferias internacionales y recibió diferentes premios, motivo por el que creó una empresa y contrató un agente de la propiedad industrial, quien sería el encargado de vigilar y evitar que se inscribieran patentes similares al invento ya registrado, según informan fuentes del Instituto Armado.

Para perfeccionar el invento, el perjudicado se trasladó a China, mientras que su socio y el agente de propiedad industrial aprovecharon la ausencia del verdadero inventor para registrar la patente ya mejorada, sin que éste sospechara nada.

ROMPEN CONTACTO CON EL INVENTOR

Tras difundir el invento en televisión y agotarse en menos de una semana desde el lanzamiento publicitario tanto a nivel nacional como internacional, el socio y el agente de la propiedad vieron el sorprendente incremento económico que suponía la venta del famoso cuchillo y, por ello, dejaron de contactar con el inventor a quien además le fueron eliminadas sus cuentas de correo electrónico y la posibilidad de acceso a los recursos albergados en sus páginas web.

El creador comenzó entonces a recibir llamadas telefónicas de diferentes distribuidores para eliminar contratos y pedirle explicaciones ya que había otra persona que decía ostentar la patente. Gracias a las investigaciones realizadas, la Guardia Civil pudo determinar que esta persona era su socio.

Por otro lado los distribuidores asociados con el denunciante comenzaron a recibir amenazas para que no vendieran el producto original.

El perjudicado denunció el hecho cuando vio que había una patente exactamente igual a la suya en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de su socio.

La Guardia Civil, con las investigaciones policiales llevadas a cabo complementadas con complejos análisis forenses informáticos, pudo demostrar que el inventor real fue la víctima, por lo que se procedió a la detención del socio y a la investigación del agente industrial.

Ambos fueron puestos a disposición judicial, al tiempo que se dio cuenta del hecho a la Oficina Española de Patentes y Marcas.