La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha dictado la sentencia por la que se declaran nulos de pleno derecho diversos Acuerdos, Decretos y Resoluciones de la Junta correspondientes a la tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario adscritos a los Cuerpos de la Administración la Comunidad y de sus organismos autónomos.

La sentencia da la razón al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Citop) tras la demanda presentada el 5 de septiembre de 2019, según informa a Europa Press el Citop a través de un comunicado.

Se trata de una labor de 3 años en los que la asesoría jurídica del Colegio, junto a los representantes de la zona de Castilla y León Occidental, ha estado realizado diversas acciones para que la Junta restaurarse la legalidad, cuando en 2018 planteó un concurso de traslados, después de aprobar una RPT "obsoleta" que obviaba las titulaciones universitarias establecidas en Bolonia, "perjudicaba injustificadamente" los intereses de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas e "incumplía" el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

"Con esta sentencia se pone fin a un proceso opaco, parcial y carente de justificación en su planteamiento, que ha perjudicado a decenas de profesionales de la Ingeniería que llevan más de 20 años en su puesto de trabajo en esa Administración, proceso que, además, incumplía la legalidad vigente", señala el decano del Colegio, Óscar Sánchez Morán.

"También se ha afectado a la competitividad y a los principios básicos de la función pública de mérito, capacidad, e igualdad", agrega Sánchez Morán.

El TSJ ya había anulado en una sentencia anterior el catálogo de puestos tipo de personal funcionario de la Junta de Castilla y León aprobado el 31 de agosto de 2017 y que sirvió para rediseñar la RPT que se utilizó en el concurso de traslados abierto y permanente y para decidir las plazas que se incluyen en la oferta de empleo público de 2018.

El ámbito de aplicación afectó a unos 15.000 empleados públicos de los alrededor de 87.000 que dependen de la Administración autonómica.

Con la sentencia que se ha dictado ahora el Colegio culmina una intensa labor en la defensa de la profesión y de los ingenieros técnicos de Obras Públicas al servicio de la Administración regional "que veían limitada su carrera profesional y suponía un agravio comparativo para estos profesionales".