Los sindicatos han comenzado la cuenta atrás para las elecciones del próximo 5 de marzo. NoticiasCyL León ha charlado durante la campaña con el presidente de CSIF León, Hipólito Riesco, con el responsable de Sanidad de CSIF provincial, Carlos Javier Reguera, y ahora es el turno del representante de CSIF León en la Administración General de Castilla y León, Pedro Bécares.

Conocemos la situación de los empleados públicos en la Junta de Castilla y León, un sector afectado por los recortes de plantilla y por el concurso de traslados. Pedro Bécares nos detalla las reivindicaciones de los funcionarios que “están pidiendo a gritos” desde hace meses.

CSIF es el sindicato más representativo de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, una sensación que se mantiene “como no puede ser de otra forma”. CSIF “se pone manos a la obra” con el trabajo desde la victoria en las elecciones en 2016. El sindicato ha vivido un incremento de afiliación y “eso demuestra que lo estamos haciendo bien y simplemente con que estos se trasladen al número de votos nos daremos por satisfechos”.

Bécares también nos da su visión sobre la situación que ha vivido CSIF con la aparición de sus afiliados en listas de candidatos de otros sindicatos. “Un juego sucio” que no va con la filosofía de CSIF y con su mensaje de “transparencia”. Algunos de los candidatos han sido “engañados” para que firmaran la formación de candidaturas con un mensaje falso de apoyo a alguna causa común u otras cuestiones “tan peregrinas” cómo que si no firman no van a poder apoyarles en sus demandas.

Movilizaciones

Los empleados públicos de León han protagonizado protestas sin descanso frente a la Delegación Territorial de la Junta en León para la recuperación de las 35 horas, la creación de la carrera profesional y el pago de los fondos adicionales de 2018 y 2019. CSIF ha estado presente en estas movilizaciones por el incumplimiento de el acuerdo firmado por parte de la Junta. “Llevamos mucho tiempo negociando, y seguimos en ello por desgracia, la reversión de las 35 horas, cuestión que estando Mañueco en presidencia nos "concedieron" a cambio de no subir el sueldo”, afirma Bécares. Además, “esta medida supone 7,2 por ciento de sueldo, en 2012 nos lo arrebataron y ahora después de tener un acuerdo firmado no se acaba de respetar por la misma persona”, expone el responsable de AGCYL de CSIF León.

Desde 2010, CSIF avanza que “nos queda por recuperar prácticamente un 18% de poder adquisitivo, y estamos hablando de unos empleados públicos que han tenido que prepararse durante años un proceso al que puede acceder cualquiera”. Ante esta situación, Bécares critica que “nos gobiernan unas personas que han ampliado el número de altos cargos para dar cabida a otro partido político y se han subido el sueldo un 10%, no debemos olvidarlo”.

La carrera profesional y los fondos adicionales son otras de las “cuestiones vitales para nuestros empleados públicos y que no las acabamos de ver llegar”, explica. CSIF reivindica la implantación de la carrera profesional “para todos, funcionarios y laborales de nuestro sector, con el grado más elevado posible”. De esta manera, se podrá “garantizar la mayor equidad posible, se reconozca el trabajo bien desarrollado, el mejor servicio de los empleados públicos”, antes y después de la crisis.

Caída de empleados públicos

La Administración General ha experimentado una disminución de más de un 6% de cobertura de plazas. “Esto se traduce en un peor servicio y cobertura de las necesidades ciudadanos” indica Bécares. Cada vez que un trabajador se jubila “su trabajo se reparte entre los que vamos quedando, gracias a nuestro compromiso y dedicación, pero no puede ser y no es igual”.

En puestos de imprescindible cobertura (Servicios Esenciales) como la Gerencia de Servicios Sociales o la Extinción de Incendios se va "parcheando" con llamamientos de bolsa que se convierten en personal temporal cuasi-perpetuo.

Convenio colectivo del personal laboral

CSIF presenta en 2017 una denuncia al convenio colectivo del personal laboral de la Junta y fue el único sindicato que denunció consiguiendo mejoras laborales en estos últimos 4 años. El resto de los sindicatos no lo hicieron, pero “sí negociaban cuestiones del diálogo social que implicaban ciertas partidas presupuestarias, mientras para el empleado público solo había recortes y más recortes”, confiesa Bécares. Pero UGT y CCOO, al llegar a las elecciones sindiales “se han tenido que adherir a nuestra denuncia”.

CSIF se encuentra en plena negociación del convenio, con reuniones periódicas cada 15 días. “Esto daría para escribir un libro, ese libro se llama "Nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León", pronuncia Pedro Bécares. Desde 2017, los empleados públicos “han perdido derechos” y “cada vez la situación está peor”. Algunas competencias funcionales “no deberían de existir, ni por reconocimiento social ni por salario”, indica. Laborales del sector que “no llegan ni a mieluristas”, y prestan un servicio, cuando menos, igual que otros con categorías superiores y simplemente están "encasillados" en una competencia funcional “totalmente obsoleta”.

Pero la historia aparece antes del 2017 para CSIF, ya que desde el sindicato se plantearon una una reordenación de competencias funcionales que se adapte a la realidad, como por ejemplo la, hasta ahora inexistente, categoría de bomberos forestales, de la que formarían parte las actuales competencias funcionales pero que habría que dotar de más funciones, para poder prestar servicio un mínimo de 6 meses e incluso llegar a 12. Además, deben hacer más cosas relacionadas con la prevención de incendios, o el personal de las "guarderías" infantiles, recientemente pasados a la Consejería de Educación y cuya categoría tampoco se corresponde con la realidad y está más relacionada con la docencia, que lo que ahora existe.

CSIF pondrá en marcha habilitar un buzón de correo para recoger todas las sugerencias que el personal laboral estime conveniente para mejorar el actual texto.

Entre las medidas, CSIF ha puesto “todo su empeño” para que el concurso abierto y permanente de los funcionarios de la Junta de Castilla y León saliera adelante, sin contar con “la transparencia” de la Junta. La gran mayoría de los funcionarios “nos lo pedían a gritos”. Posteriormente, se estableció una adjudicación provisional que luego resultó definitiva para casi 3.000 puestos de trabajo y en el caso de agentes medioambientales o ingenieros industriales la espera ha llegado a 13 años.

Los gobiernos de la Junta “se han saltado” año tras año la Ley de Función Pública que garantiza el concurso de trasladados todos los años.

Este concurso y otras cuestiones anteriores han sido judicializadas por asociaciones y sindicatos como CGT o USCAL que, ahora manifiestan que quieren un concurso abierto y permanente... En cualquier caso, el concurso ha sido "tumbado" de facto, con todo lo que esto supone, unas “expectativas creadas y un caramelo en la boca echados por tierra a 3000 funcionarios”, justifica Bécares.

Medidas de CSIF

Entre las medidas expuestas en el programa de CSIF, Bécares detalla el establecimiento de un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros € para cualquier empleado público de la Junta de Castilla y León ya que Castilla y León “está a la cola de las comunidades autónomas en cuestión de salarios”. Equiparación salarial con el resto de las administraciones públicas “igual trabajo, igual sueldo”.

CSIF pide una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “pública y actualizada” con información sobre plazas vacantes, ocupadas, pendientes de amortización, retiradas por razones de salud, etc. Sumado a esto, luchan por una “verdadera promoción interna vertical horizontal y cruzada con temarios gratuitos en la Eclap.

El sindicato también recoge en su programa que se cubran la “infinidad de vacantes existentes tanto en laborales como funcionarios y reducir la interinidad”. En algunos casos como la Gerencia de Servicios sociales o el operativo de incendios llegan prácticamente al 70% es decir, prácticamente un 30% de plazas están cubiertas con empleados públicos por oposición el resto son llamados de la bolsa.

Por ello, creen que “es necesario” convocar ofertas de empleo público y sobre todo “finalizarlas” tras los problemas e irregularidades en las últimas convocatorias. En CSIF abogan por unos tribunales y comisiones de valoración profesionales “formados y preparados”.

Con respecto a la jubilación, CSIF pretende incentivar la jubilación parcial al 50% y la jubilación voluntaria anticipada al 100% para todos los empleados públicos.