El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en el Pleno ordinario celebrado este viernes el dictamen de la comisión de Hacienda que incluye una modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos derivados de diversas sentencias judiciales y que suponen un monto total superior a los 2,2 millones de euros.

La aprobación de este punto del orden del día no ha estado exenta de polémica y ha contado con el voto en contra del Partido Popular y las abstenciones de los grupos de Ciudadanos y Podemos-Equo.

En concreto, el Ayuntamiento tiene que hacer frente al pago de los intereses devengados de la expropiación de los terrenos de Padre Claret, por un monto total de 856.000 euros.

Por otro lado, el Consistorio tiene que cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que lo condenaba al pago de 1,1 millones de euros más a la ex concesionaria del parking de José Zorrilla.

Y, por último, el pago como consecuencia de la inejecución de la sentencia a la Casa de la Parra, por un valor de 225.000 euros, derivado de la condena por daños materiales y morales y de gastos del procedimiento.

El equipo de Gobierno ha justificado su intervención alegando que estas sentencias proceden mayormente de actuaciones puestas en marcha por gobiernos del Partido Popular, como es el caso de la Casa de la Parra, "un litigio de hace más de 20 años procedente de un error urbanístico del PP" o el parking de José Zorrilla, proyecto puesto en marcha cuando el PP gobernaba de manera minoritaria en el Ayuntamiento de la ciudad y al que se le concedió una rentabilidad del 11,6%", según ha destacado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jesús García Zamora.

Por su parte, la bancada 'popular', a través de su portavoz, Pablo Pérez, ha arremetido duramente contra la gestión de los socialistas y ha señalado como corresponsables a los grupos de Izquierda Unida y Podemos-Equo, "por apoyar la investidura de la actual alcaldesa, Clara Luquero".

800 EUROS POR SEGOVIANO

Según Pérez, "el pago de sentencias mediante transferencia de crédito elimina posibles inversiones necesarias para la ciudad". Según sus cálculos, el monto dirigido al pago de las mismas "supone 800 euros por segoviano, debido a la mala gestión del PSOE y su incapacidad de ejecutar planes".

Para el grupo de Ciudadanos, que se ha abstenido en la votación "por responsabilidad política", esta situación genera "una mala imagen de la ciudad", según ha afirmado el concejal David García-Foj.

También el grupo de Podemos-Equo ha decidido abstenerse en algo que ha catalogado de "negligencia política con nombre propio" y ha hecho referencia a que el modelo de desarrollo que plantea el Consistorio para la ciudad está basado "más en el continente que en el contenido, como es el caso del edificio del CIDE, donde se han invertido 20 millones de euros y aún no tiene salida", según ha aseverado, el portavoz de la formación morada, Guillermo Sanjuan.

Más moderada ha sido la postura de Izquierda Unida, socio de Gobierno de los socialistas, cuyo portavoz, Ángel Galindo, ha destacado la necesidad de desarrollar en el Ayuntamiento "un mapa de riesgos jurídicos y de cómo debe afrontarse".

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Jesús García Zamora, ha hecho hincapié en que se va a hacer frente al abono de estas obligaciones judiciales "a través de los remanentes de Tesorería del año 2019", algo que no afecta al presupuesto inicial que se ha aprobado en el año 2020.