Los empleados públicos han protagonizado en los últimos meses protestas y reivindicaciones convocadas por CSIF en todas las provincias de Castilla y León, para conseguir la subida salarial del 2% y por incumplimientos de la Junta con respecto a sus derechos laborales. La jornada semanal de 35 horas, un derecho por el que 85.000 funcionarios siguen luchando sin descanso en la Comunidad.

NoticiasCyL León se ha parado a charlar con el presidente provincial de CSIF, Hipólito Riesco, para concretar las reivindicaciones de los empleados públicos y además, analizar previamente las próximas elecciones sindicales en la Administración General de la Junta y en Sanidad, que tendrán lugar el 5 de marzo.

En León se encuentran siete procesos abiertos más otro centralizado en Valladolid con la participación de trabajadores leoneses. Concretamente, se eligen delegados para cuatro comités de empresa y tres juntas de personal con 11 candidaturas distintas (cada comité de empresa tiene dos colegios). En total, se elegirán en León 147 representantes sindicales de los empleados públicos de la Junta y del SACyL.

El presidente de CSIF León nos adelanta que las expectativas para el sindicato son “bastante buenas”, puesto que no sólo son el sindicato más representativo en León entre los Empleados Públicos de la Junta, sino que, además, CSIF ha “duplicado la afiliación desde los anteriores comicios y ha conseguido buenos resultados en el resto de los procesos”, lo cual demuestra que el sindicato funciona bien y que cumple con sus compromisos con los trabajadores. Por otra parte, también se ha apreciado una “multiplicación de sindicatos, fundamentalmente en Sanidad”, y han surgido algunos problemas en las listas de candidatos: algunos sindicatos no tuvieron reparos en formar sus candidaturas con afiliados de otros con métodos aparentemente no muy transparentes y sin tener en cuenta que ese hecho es motivo de desafiliación inmediata. Aclarada la situación, CSIF tiene constancia de la caída de las candidaturas de al menos dos sindicatos en El Bierzo por las razones expuestas, al haberse quedado sin el número mínimo de candidatos exigido para participar en el proceso. Ante la campaña electoral de las elecciones sindicales, Riesco se muestra confiado en que los trabajadores sabrán distinguir entre quienes han trabajado y cumplido durante años, y aquellos que se presentan a elecciones sindicales sin pasado y con promesas de futuro que no podrán cumplir. 

Con respecto a la representatividad sindical de todos los trabajadores, CSIF reclama una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical –que data del año 1985- que elimine el “monopolio” de UGT y CCOO. Riesco estima que de los 10 millones de trabajadores de nuestro país que pueden participar en elecciones sindicales (empresas de más de seis empleados por cuenta ajena), el 33% elige opciones distintas a esos dos sindicatos. Ante esto, el sindicato CSIF ha trasladado a la ministra de Trabajo la “necesidad de abrir vías a otros sindicatos” con una “reducción” del 10% exigido para tener representatividad hasta el 5% que se implanta para los partidos políticos. Además, en esta representatividad se incluye a 80.000 delegados sindicales en España de empresas que han cerrado y por eso “queremos un ajuste de la realidad”. Junto a esta reivindicación, CSIF demanda al Ministerio de Trabajo la creación de la figura del Delegado de Igualdad y Violencia de Género, para que las empresas cuenten con un responsable para intervenir ante situaciones de este tipo.

Preocupaciones

Las principales preocupaciones de los empleados públicos de Castilla y León son la jornada semanal de 35 horas, la implantación de la carrera profesional para los empleados de la Administración General y para los docentes, su mejora en el sector sanitario, y el reparto de los fondos adicionales de 2018 y 2019.

La jornada 35 horas ha resultado un “proceso complejo”. Riesco detalla que la Junta de Castilla y León ha sido “el único gobierno autonómico que desde 2015 estuvo públicamente al lado de los empleados públicos, llegando a solicitar al Gobierno que hiciera posible establecer dicha jornada”. CSIF consiguió que el Gobierno firmara el 9 de marzo de 2018 un acuerdo con unas condiciones posibles para implantar la jornada 35 horas en todas las administraciones públicas, “en 2018 la Junta cumplía todos los requisitos y curiosamente en ese mismo momento empiezan a ponernos trabas y excusas, actitud que no deja muy bien parados a los máximos responsables del Gobierno autonómico”.

Los sindicatos entienden que “se pueden aplicar las 35 horas en cualquier momento, pero la Junta solo busca disculpas dilatorias: primero fue la necesidad de mantener la calidad de los servicios públicos, luego las elecciones sindicales del próximo 5 de marzo y la necesidad de contratar más personal interino”. Esta última idea “aumentaría la tasa de interinidad y haría imposible la bajada de la tasa de interinidad al 8%”. En resumen, un “círculo vicioso” basado en falsedades y en una nula voluntad política de cumplir lo acordado.  

La implantación de la jornada de 35 horas “tiene un coste”, según la Junta. Pero CSIF considera que “se está viendo la situación desde el lado contrario de la realidad”, porque lo único cierto es que, si la jornada de 35 horas semanales estuvo implantada desde 2002 hasta 2012, en estos momentos “mantener la jornada de 37,5 horas supone un gran ahorro para la Junta. Y la configuración del nuevo Gobierno Autonómico de coalición, con un 20% más de altos cargos, no parece haber dado muestras del mismo interés de austeridad”, espeta Riesco.

En Educación, la consejera manifestó hace tiempo que contemplan 29 millones de euros para aumentar el cupo de profesorado, “lo que haría posible” una primera bajada de horario lectivo. En Administración General, el coste sería “mínimo” porque no se ha determinado una contratación de personal. Por otro lado, en Sanidad, que “sí tendría un coste aún por determinar”, el problema no parece ser el presupuesto, sino “la dificultad de encontrar especialistas para cubrir todos los servicios”: los especialistas sanitarios “huyen de nuestra Comunidad, en busca de mejores condiciones laborales, algo que debería hacer que nuestro Gobierno Autonómico se replantee su actitud para con los servidores públicos”.

Por otro lado, la carrera profesional es otra de las reivindicaciones que tienen en vilo a los empleados públicos. Los sindicatos insisten en la creación de dicha carrera, y en Sanidad CSIF ha pedido la mejora de la carrera implantada desde 2010. Esta carrera profesional en Castilla y León se regula por la antigüedad y por la evaluación del desempeño, basada ésta en unos requisitos complicados y excesivamente restrictivos; en Sanidad es especialmente compleja al ir ascendiendo de grado. Respecto a este último aspecto, Riesco asegura que “habíamos planteado una reforma a la Consejería y estábamos a la espera de la negociación”, pero una denuncia de la CESM –el sindicato de Médicos- interrumpió dicho proceso, y ahora hemos pedido a la CESM que retire su denuncia para no perjudicar a los trabajadores de la sanidad. La carrera profesional para el resto de los empleados públicos podría “ser fruto de una ley” que el PP presentó en las Cortes por propia iniciativa en los días previos a las elecciones autonómicas, sin haberla negociado con los representantes de los trabajadores. La propia Ley obligaba a establecer la carrera antes del 31 de diciembre del 2019, “estamos en febrero y solo hemos conocido un borrador de la evaluación”. Sistema “inadmisible”, ya que se contempla que dicha evaluación sea realizada por el superior jerárquico del trabajador, “lo cual podría afectar gravemente a la necesaria independencia de los empleados públicos con respecto al partido del gobierno”. Por si esto fuera poco, en el sector docente, se introduce de forma sorprendente la obligación a elegir entre la carrera profesional o sexenios, opción que “no ha sido contemplada en ninguna norma de otra comunidad autónoma”. El modelo que se plantea es similar al implantado en Asturias, y muy dispar con respecto a Valencia o a La Rioja que “son más objetivos y transparentes”.

Empleados públicos en España

El pasado 13 de febrero, los máximos dirigentes de CSIF se reunieron con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para trasladarle “nuestras exigencias para conseguir un empleo de calidad”. Tras el acuerdo firmado en 2018, los empleados públicos han tenido una subida salarial del 2% que se verá reflejada en la nómina de febrero en Castilla y León, aunque desde CSIF apuntan que quedaría pendiente de negociar un 1% a mayores, que dependía del cumplimiento de los objetivos del PIB.

El sindicato reivindica a nivel nacional varias cuestiones para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos: la jubilación voluntaria anticipada a los 60 años, con 30 años cotizados y cumpliendo una serie de requisitos, la creación de la carrera profesional y la aplicación de las 35 horas para todas las Administraciones Públicas, entre otras.

CSIF advierte de la “necesidad de recuperar” la pérdida de 53.000 empleados públicos en España en los años de crisis, y en León, 2.800 puestos. Además, desde el sindicato provincial de León alertan del “incumplimiento de la reducción de la tasa de interinidad al 8%, ya que se encuentra en un 27,8% a nivel nacional y en algunos sectores como la Sanidad es aún mayor”. Actualmente, hay 925.000 empleados públicos que se jubilarán en los próximos diez años, y más de 905.000 empleados públicos son interinos, una imagen que refleja “la necesidad de medidas urgentes para conseguir estabilidad en el empleo público y la garantía de que los ciudadanos puedan contar con unos servicios públicos adecuados”.  

Manifestación 16-F

El presidente de CSIF León, Hipólito Riesco, defiende las siglas del sindicato bajo la independencia política y asegura que “se mantienen alejados de movimientos y actuaciones politizadas”. “Es complicado ahora mismo distinguir dónde está el movimiento social y dónde los intereses políticos”, explica, “aunque no podemos obviar que estamos ante un sentimiento profundo de un gran número de leoneses y leonesas. 

Negar la historia de León, la importancia que el antiguo Reino tuvo en la configuración de España y las características propias de esta parte del país, es muestra evidente de una ceguera absoluta y de un interés desmedido por potenciar de manera injustificada un centralismo político y económico, que lo único que han conseguido hasta ahora es marcar aun más las diferencias”. La provincia de León se ha mantenido siempre fundamentalmente del sector primario, y “la situación que vive la provincia en la agricultura, la ganadería, la minería y el desmantelamiento de las térmicas, ha actuado como revulsivo en el despertar el sentimiento leonesista, sin olvidar que ha habido importantes movimientos políticos de mucho peso”.

Riesco lamenta que “se pueda buscar el protagonismo, y perder de vista el objetivo final”, con respecto a la manifestación del pasado 16 de febrero. En la protesta, se distinguían dos vertientes: “la cabecera, con un protagonismo muy marcado, y el resto, donde se plasmaban por igual el pluralismo y la reivindicación por la autonomía leonesa”. Aunque por parte de CSIF se estima que debió reunirse a la “Cumbre Social por León”, creada en 2012 y de la que formaban parte más de 50 asociaciones sociales, empresariales y políticas, asegura que es su máximo deseo que tanto de estas movilizaciones como de las actuaciones de la anunciada Mesa por León se deriven grandes éxitos para nuestra provincia.