El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá este miércoles, 26 de febrero, a partir de las 17.00 horas, para dar explicaciones con motivo de la enajenación de vehículos todo terreno del Servicio de Montes que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.

El propio consejero, durante el Pleno celebrado la pasada semana, ya avaló la legalidad del proceso y defendió que a través del mismo la Administración regional no solo ha renovado un parque obsoleto sino que ha obtenido "el mejor precio de mercado".

Suárez-Quiñones negó que la Junta siguiera un proceso de enajenación directa y enfatizó que la decisión fue adoptada por "el órgano competente", en alusión a las delegaciones territoriales, "y con arreglo a lo dispuesto en la ley".

Pese a que el proceso se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, Suárez-Quiñones precisó que fueron solo cinco las adjudicaciones directas de vehículos, tres de ellos a ayuntamientos socialistas y dos, en 2011, a una asociación soriana.

Con respecto al resto de lotes configurados en cada una de las provincias, pese a que podían haber seguido el mismo proceso, el consejero explicó que se acometieron 31 procesos de adjudicación en los que se invitó a 208 empresas que hicieron 146 ofertas que, como así ha insistido, "permitieron obtener el mejor precio de mercado".

Gracias a ello, el titular de Fomento se felicita de que se ha podido retirar del Servicio de Montes un total de 664 vehículos, algunos de ellos con 30 y 40 años de antigüedad, más de 400.000 kilómetros y que generaban un gasto de un millón y medio de euros en reparaciones, sin olvidar que los mismos "comprometían" la seguridad de los trabajadores.

En su explicación de lo ocurrido, el consejero mantuvo que de estos todo terreno enajenados, 301 fueron destinados a chatarra a través de empresas de tratamiento de vehículos y otros, en cambio, pudieron ser vendidos a terceros.

Lo que sí subrayó es la "seriedad" del asunto y advirtió de que no tolerará "el insulto, la calumnia y la descalificación al personal público de Castilla y León de las delegaciones territoriales", del que mostró su plena confianza en su correcto actuar.