La viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María Carmen Cardosa, y el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez, junto a sus equipos técnicos, se han reunido durante dos jornadas con los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para estudiar el modelo de servicios sociales y conocer el sistema de Atención a la Dependencia.

Según ha informado el Gobierno castellano y leonés, los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reivindicaron la importancia del Acuerdo Marco, "lo que hace que el modelo implantado en Castilla y León sea el más eficiente de toda España" sin lista de espera en la concesión de las prestaciones al alcanzar un 98,5 por ciento de personas atendidas.

Desde los Servicios Sociales de Castilla y León han explicado que el modelo se basa en la cooperación entre las administraciones locales y la autonómica y en la colaboración directa con el Tercer Sector que regula la financiación que transfiere el Ejecutivo regional a las corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones, en el que se incluyen los distintos servicios que se prestan a los ciudadanos, con un presupuesto mínimo de 448 millones para el periodo 2020-2023.

Los representantes del Gobierno de Andalucía conocieron también cómo la Junta de Castilla y León mantiene la Red Coordinada de Servicios Sociales que permite potenciar la atención y garantizar los empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por el Ejecutivo Regional.

Además, se les explicó dentro del Acuerdo Marco, el funcionamiento de la Red de Protección a las Familias en la que el Gobierno Regional invierte 71 millones de euros e incluye una serie de programas de protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran el Servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, que atiene al año a 3.169 personas en Castilla y León.

También se puso de manifiesto que para reforzar la atención a las situaciones de dependencia es fundamental el servicio de ayuda a domicilio que atiende al año a 29.700 personas en nuestra Comunidad y que está destinado a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal junto a la teleasistencia, la formación para cuidadores no profesionales y los programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la dependencia.

Entre otros asuntos que se trataron en la reunión destacaron también la colaboración socio sanitaria o los avances en innovación que se están implantando en nuestra comunidad (teleasistencia avanzada, programa Quires o programa Argoss de interconexión entre la historia social y la historia clínica de los pacientes).

Finalmente se analizó el procedimiento para obtener el reconocimiento a la generación del derecho a la prestación de las personas dependientes. Según han recordado las mismas fuentes, en Castilla y León a partir del 1 de enero el plazo es de tres meses mientras que, tal y como destacó la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María Carmen Cardosa, en la Comunidad que representa ese plazo "es mucho mayor", por lo que considera "imprescindible" reducirlo y tomar como modelo a Castilla y León.