Ganemos Salamanca ha interpuesto esta mañana ante el Juzgado una denuncia penal por posible de delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal, en relación con las irregularidades en la prórroga del contrato municipal con la empresa Aceinsa Movilidad SL. Se trata de la concesionaria de los servicios de señalizacion especial de eventos públicos y la conservación, mantenimiento y nueva instalación de la  señalización horizontal y vertical en las vías publicas de la ciudad.

Los hechos denunciados implican como responsables a tres cargos políticos y un funcionario del Ayuntamiento salmantino, que podrían enfrentarse a una pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público de 9 a 15 años. Se trata del presidente regional del Partido Popular (actual acalde y aspirante a la presidencia de la Junta de Castilla y León), Alfonso Fernández Mañueco; el concejal de Fomento, Carlos Manuel García Carbayo; el edil de Hacienda, Régimen Interior y Protección Ciudadana, Fernando Rodríguez, y el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández Martín.

El artículo del Código Penal en el que se basa la denuncia sanciona a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. En este sentido, el contrato con Aceinsa se prorrogó “más allá de su duración legal máxima”, según recoge la denuncia. En 2015, “con la previsión de incumplir el límite temporal máximo de duración de los contratos, en las Bases de Ejecución del Presupuesto el Equipo de Gobierno municipal redactó la Base número 24 para permitir la posibilidad de prorrogar la duración de los contratos”, a pesar de que “consta que el Interventor del Ayuntamiento puso de manifiesto la ilegalidad” de dicha medida, añade el texto.

En vigor desde 2011

El contrato con Aceinsa se firmó en 2011 por 915.517,24 euros al año (IVA incluido) y debió haber concluido el 11 de mayo de 2015. Sin embargo, actualmente sigue en vigor por “una resolución ilegal y arbitraria” cuyo objetivo es el de “favorecer a una empresa” basándose en “un interés particular” que va “en contra de la ciudadanía”, ha explicado el concejal de Ganemos, Gabriel Risco. “El plazo inicial de este contrato era de dos años, y lleva en situación ilegal dos años y medio”, a pesar de las “advertencias” realizadas desde Intervención, es decir, la prórroga ilegal está teniendo una duración superior a la vigencia del propio contrato.

Casi 2.800.000 euros despilfarrados

“Factura a factura, entre el 1 de junio de 2015 y el 16 de octubre de 2017 (período comprendido dentro de la prórroga iniciada el 11 de mayo de 2015, dos años y medio, nada menos), el alcalde y los concejales delegados le han aprobado a Aceinsa Movilidad SA facturas de señalización por un importe total de 2.775.439,10 euros”, recoge la denuncia. “Evidentemente, esta cifra seguirá creciendo, puesto que la situación no ha cambiado ni se espera que cambie a corto plazo”.

El artículo 5º del Pliego de Cláusulas Administrativas de la contratación indica  que “el contrato tendrá una duración de dos años, pudiéndose prorrogar a su finalización por un año más, hasta un máximo de dos años sin sobrepasarse por tanto los cuatro años”. Pero “por la Alcaldía del Ayuntamiento se prorrogó dos veces el contrato dentro de la posibilidad que establecía el pliego, hasta alcanzar los 4 años máximos”, tal y como aclaró la concejala y portavoz de Ganemos Virginia Carrera.

“Nos hemos visto obligados a solicitar una investigación judicial”, asegura Carrera, pues hasta el momento “hemos venido solicitando explicaciones técnicas y políticas correspondientes en los órganos municipales, sin que nos hayan justificado las razones del apartamiento de la legalidad, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones y sin que el alcalde tenga intención alguna de iniciar un nuevo procedimiento de licitación”.

El objetivo de la denuncia es que el alcalde vuelva a la legalidad, se impida que se sigan dañando los intereses municipales y que se beneficie a una empresa concreta de forma injusta, además de que las personas responsables den las explicaciones oportunas al juez, quien investigará si existe, como cree la agrupación ciudadana, “un grave delito de prevaricación”.

Por su parte, el edil de Ganemos Gabriel de la Mora ha explicado que esta denuncia tiene su razón de ser en “la lucha contra la corrupción en cumplimiento del programa electoral, y no solo en la ciudad, si no en toda la provincia”, y se enmarca dentro del proyecto ‘Ganemos con Justicia’, cuyo fin es “acabar con la impunidad de los gobiernos municipales y mejorar el control de la actividad de las administraciones locales y el acceso a la justicia”.