La pretensión de la Generalitat de Cataluña de declarar la independencia de esta comunidad autónoma de España, contestada por el Gobierno de la nación con el inicio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar este desafío, está teniendo unas importantes repercusiones económicas. Cientos son las empresas catalanas que han cambiado su sede fiscal fuera de su comunidad, pero miles las que se encuentran en vilo al ver amenazadas sus relaciones comerciales.

El conflicto amenaza a casi 3.400 millones de euros en transacciones entre Castilla y León y la comunidad de Cataluña, sobre todo de la industria automovilística y la agroalimentaria. Así se desprende de los datos del proyecto C-intereg Ceprede, facilitados a este diario por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. En concreto, el año pasado se exportaron productos a Cataluña por valor superior a los dos mil millones de euros e importaron cerca de mil cuatrocientos.

Burgos es la provincia de Castilla y León que tiene mayor relación comercial con Cataluña, 1.306 millones de euros (724 en exportaciones y 582 en importaciones), por delante de Valladolid, con 522 millones (284/238), y de Palencia, con 487 millones (376/111). A continuación, Soria, con 296 millones (172/124); León, con 265 millones (183/82); Segovia, con 157 millones (68/89), la única que importa más que exporta a Cataluña; Zamora, con 138 millones (88/50); Ávila, con 120 millones (84/36); y Salamanca, con 102 millones (62 en exportaciones y 40 en importaciones).

La provincia charra, pese a ser la última en movimiento de dinero con Cataluña, es la única que ha aumentado su balanza comercial durante los últimos años. Entre 2010 y 2014, según los datos facilitados, se exportaron productos por una media de 42 millones de euros al año, mientras que se importaron casi 65 millones. Pero desde hace dos años la situación dio la vuelta.

Unas relaciones comerciales en peligro por el miedo a la deriva independentista. Ya la autodeterminación de Cataluña supondría que sus empresas quedarían fuera de la Unión Europea, por tanto comerciar con ellas sería mucho más caro por el establecimiento de aranceles y por la presencia de una nueva moneda que no sería el euro. Pero es que sólo con plantearse ha sembrado dudas en el resto de España.

¿Boicot a los productos catalanes?

Por ejemplo, a través de las redes sociales se promueve el boicot a los productos catalanes en el resto de España. Numerosos son los casos de restaurantes en todo el país donde sus comensales ya no quieren vinos catalanes, o en los recientes viajes del Imserso los destinos de Cataluña han quedado con múltiples vacantes mientras el resto se agotaban enseguida.

Este diario ha querido comprobar si en los supermercados está sucediendo también, a tenor de las listas con nombres de empresas catalanas que circulan a través de redes sociales y de la aplicación de mensajes de teléfono móvil WhatsApp. Así, productos alimenticios como las pizzas Casa Tarradellas y bebidas espumosas como Codorniú y Freixenet no parecen vender tanto como otras marcas con las estanterías más vacías. ¿Casualidad puntual y efectos de un posible boicot de los consumidores?

Por ejemplo, la cadena Mercadona está a la cabeza de las grandes superficies en venta de productos catalanes. El pasado año, compró a sus empresas por valor de 3.392 millones de euros. Casi la misma cantidad de dinero que mueven las exportaciones e importaciones entre Castilla y León y Cataluña a través de cientos de empresas que ven peligrar su futuro también por el desafío independentista.