El vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón, presidirá a las 10:30h de esta mañana el acto de retroacción de la Mesa de Contratación, suspendida unilateralmente en noviembre de 2011, que en aquel entonces estudiaba la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en la provincia, por un importe total de 71.782.200 euros y por un periodo de tres años, prorrogable a otros tres.

Con este acto,  Diputación cumple la sentencia por la que ha sido condenada por interrumpir de forma ilegal aquel proceso en 2011. La denuncia fue interpuesta por la empresa Carflor, que era la que llevaba ventaja en el proceso de adjudicación. En esa denuncia, Carflor exige una compensación que ahora Diputación deberá pagar por daños y perjuicios y que puede superar, pendiente de las valoraciones de esta mañana, los cinco millones de euros.

Además de Francisco Castañón, la Mesa de Contratación estará integrada hoy por la secretaria de la Diputación, el interventor general, el jefe de servicio de Normativa, la jefa del SAM y el responsable de Licitaciones, como secretario.

El contrato de servicio que se anuló en 2011 se adjudicó posteriormente a otra empresa y ahora está a punto de expirar, por lo que lo lógico es que Diputación negocie con Carflor el pago de la indemnización correspondiente, ya que es absolutamente imposible volver en el tiempo a 2011.

LA SENTENCIA

La Diputación Provincial de León ha acatado la sentencia y no recurrió la condena impuesta por la titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº de León, en el Caso Carflor, por la que se declara sin validez legal la interrupción en abril de 2012 del proceso de licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio para toda la provincia, un proceso en el que ya se había abierto uno de los sobres de la licitación y que, en el momento de la suspensión, la empresa con mayor puntuación era Carflor.

De forma unilateral, la Corporación, entonces presidida por Isabel Carrasco, anuló el citado proceso y convocó una nueva licitación, ganada por empresas distintas a Carflor. La empresa leonesa presentó una demanda, que es la que ahora se ha fallado y aceptado la nueva Diputación, presidida por Juan Martínez Majo.

Con fecha del 20 de junio de este año, la jueza dictamina en su sentencia  la “anulación del anuncio de convocatoria de nueva licitación del contrato referido publicado en el BOP León del 6 de agosto”. Y, por todo ello, “lo que procede es acordar la retroacción del procedimiento de licitación del expediente al momento inmediatamente anterior a la acuerdo de 26 de abril de 2012 para que continúe tal procedimiento de licitación con la valoración de las propuestas, apertura del sobre B y adjudicación y formalización del contrato”.

La jueza impone el pago de las costas a la Diputación, aunque limitadas en un tercio del total que resulte”.

INDEMINIZACIÓN

Ante la imposibilidad física de retrotraer el proceso de abril de 2012, las partes deben negociar ahora, de acuerdo con el Juzgado, la indemnización que le pueda corresponder a la empresa Carflor. A falta de una valoración exacta, se especula con la posibilidad de que Diputación tenga que hacer frente  a un pago no inferior a los cinco millones de euros.

Con la decisión de no recurrir la sentencia, Diputación pretende limitar el pago de las costas del proceso judicial. En este sentido, ya ha habido contactos informales entre Diputación y Carflor para sentar las bases de un próximo acuerdo.

Se da la circunstancia de que Carflor ha anunciado su intención de presentarse al actual proceso de adjudicación del nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio, que, en esta ocasión, estará dividido en dos lotes. Diputación tiene previsto adjudicar el nuevo contrato a final de año, por un periodo de dos años, prorrogable a otros dos y por un importe total, IVA incluido, superior a los 14 millones de euros.

A lo largo de estos años, Diputación y Carflor han intentado en repetidas ocasiones resolver este conflicto de forma extrajudicial, pero diversas circunstancias extraordinarias lo han impedido en un último instante cuando ya se había alcanzado un preacuerdo de indemnización. En el actual mandato de Martínez Majo también se ha estado a puno de llegar a un acuerdo, pero trabas jurídicas lo impidieron también cuando se estaba  a punto de firmar. Todo ello ha motivado que la indemnización haya crecido con el paso de los años.