Cuando tu objetivo se complica por las dificultades externas, uno de los mayores aciertos es buscar aliados para hacer fuerza. Eso es lo que han hecho las ciudades de Valladolid y el municipio barcelonés de Terrassa para luchar contra las “trabas” puestas desde el Gobierno de España y desde empresas privadas contras los procesos de municipalización de servicios públicos básicos como es el caso del agua, batalla en la que las dos localidades están inmersas.

Este viernes, los alcaldes de Valladolid y Terrassa, Óscar Puente y Jordi Ballart i Pastor, respectivamente, han suscrito la llamada ‘Declaración de Valladolid’, que está abierta a la incorporación de otros ayuntamientos que consideren necesaria la defensa de la autonomía municipal.

Como ha destacado el primer edil vallisoletano, con Terrassa “compartimos filosofía y un camino lleno de piedras que no debería de ser así”, en referencia a las “trabas” por la municipalización de servicios públicos.

Puente ha enfatizado que “no hay derecho” a esas dificultades desde un Gobierno que actúa con los Ayuntamientos como si estos estuvieran bajo su “tutela”, algo a lo que el regidor ha mostrado su “absoluto rechazo”. “No podemos estar sometidos como si fuéramos los hijos menores del Gobierno”, ha puntualizado.

Entre esas peticiones que han motivado la unión entre Valladolid y Terrassa, juega un papel muy importante la petición de retirada de las disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado que impiden la subrogación de trabajadores en dichos procesos de municipalización.

Puente ha destacado que esto responde a las presiones del “lobby del agua”, que, a su juicio, “intervienen en la acción política de manera incomprensible”. El socialista ha asegurado que las “líneas divisorias” que no habría de traspasar están marcadas por el hecho de que “los poderes públicos emanan de la soberanía popular”.

Estas disposiciones, ha asegurado, no tienen que entorpecer el proceso de remunicipalización del ciclo integral del agua puesto en marcha por Valladolid en 2016, pues los PGE no son retroactivos. Asimismo, ha asegurado que no habría que esperar retrasos en esa fecha marcada en rojo en el calendario para el servicio público del agua -1 de julio-, a pesar de que Aguas de Valladolid “intenta entorpecer recurriendo todos los pliegos de contratación” de la empresa municipal.

Por su parte, Jordi Ballart i Pastor ha asegurado que esta ‘Declaración de Valladolid’ incide en la reivindicación de la “soberanía municipal para el bien de los intereses de los ciudadanos”. Asimismo, ha criticado la “actitud obstruccionista” del PP contra estos procesos al “atentar” contra ellos y “garantizar negocios muy lucrativos a espaldas de los ciudadanos”.

Por último, ha incidido en que esta unión de fuerzas entre Valladolid y Terrassa va encaminada a corroborar a la defensa de la autonomía municipal y la capacidad de los municipios para buscar la "mejor opción" en la gestión de los servicios, al tiempo que subraya que el agua "no es un negocio" sino "un derecho".

El encuentro de estos dos alcaldes socialistas ha servido a Óscar Puente, declarado partidario de Pedro Sánchez en el proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE, para relacionar las diferencias de modelo sobre esta cuestión y advertir a los militantes que a la hora de votar tengan en cuenta si desean "un PSOE libre de injerencias o permeable" a las mismas.