Sobre el salón noble de la Diputación de León sobrevoló hoy el espíritu de la duda de Shakespeare. Ser o no ser, o, en este caso, instar o  no instar. Una agria polémica, estéril, surgida de una moción presentada por el Partido Popular al Pleno de la Diputación para que la Corporación Provincial inste al Gobierno central a aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado ante el riesgo de bloqueo económico y que ello afecte gravemente a las entidades locales, por ejemplo en no poder invertir el superávit en planes de empleo.

En la moción también se solicita al Gobierno la reforma de la administración local, mediante la reforma de las leyes de Estabilidad Presupuestaria y de Saneamiento Financiero, por coartar la libertad de inversión de ayuntamientos y diputaciones. La moción salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Coalición Bierzo, la abstención de UPL y el voto en contra del PSOE.

La cuestión para la oposición es que la moción era una “trampa”, ya que ligaba dos puntos que podían haber sido aprobados por unanimidad, como la necesidad de reformar  la administración local y la libertad de la inversión del superávit, con la propuestas de “instar” al Gobierno a que llegue a un rápido acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

El PSOE fue el que hizo más hincapié en no apoyar esta moción porque no podían respaldar la propuesta de aprobación de los Presupuestos, toda vez que era una competencia del grupo socialista nacional. En la misma línea se expresó el diputado de Izquierda Unida, quien también consideró una trampa saducea la propuesta del PP.

Al final tuvo que intervenir el propio presidente, el popular Martínez Majo, para asegurar que la moción había surgido del grupo popular de la Diputación y que no era una moción en cascada o rodillo, pero sobre todo argumentó la importancia de aprobar o no los Presupuestos Generales, ya que de ello dependía que la Diputación pudiera invertir o no parte de su superávit en planes de empleo o que se pudieran negociar enmiendas para mejorar algunas infraestructuras básicas que están hechas un desastre como la autovía Benavente León o la Nacional-630. En cualquier caso, dejó claro que la Diputación sólo podía “instar” al Gobierno.

Para apuntalar su argumento, Majo dejó claro que el ministro de Hacienda no era santo de su devoción y que las diferencias entre ellos eran evidentes.

PLAN DE JUNTAS VECINALES

Más fácil lo tuvo el presidente cuando el Pleno entró a debatir competencias propias, como el nuevo plan bianual de inversión en juntas vecinales, por un importe global superior a los 6.20.000 de euros y que supondrá un respiro financiero para las juntas vecinales y un impulso a la dinamización económica de la provincia, sobre todo del mundo rural, ya que con ese dinero se acometen obras que realizan pymes y autónomos.

El plan fue aprobado por unanimidad, aunque se discutió sobre la necesidad de que fuera el Consejo Comarcal de El Bierzo la entidad que administrara la inversión en sus juntas vecinales, que en estos dos años se acercará al millón y medio de euros.

TURISMO IDIOMÁTICO

Casi ya al final, los diputados provinciales volvieron a caer en el círculo vicioso de la discusión estéril al debatir sobre si la Diputación tenía que entrar o no a formar parte de una asociación mixta, entidades locales y privadas, para fomentar el turismo idiomático en la provincia y atraer a estudiantes extranjeros para que aprendan español.

El meollo del debate se centró en si era necesaria esa asociación o si la Diputación se podía sumar a ella a través del Consorcio Provincial de Turismo y evitar así posibles duplicidades. La oposición exigió que el asunto quedara sobre la mesa a la espera de contar con más información. Y así fue, a pesar del evidente malestar del presidente de la Diputación, quien aunque se manifestó escéptico sobre el éxito de la Asociación, no entendía el debate, toda vez que este proyecto era positivo para la provincia y que el Consorcio no podía absorber esta nueva competencia. También ratificó que las decisiones políticas las tomaban los políticos y, mirando al interventor, presente en la sala, insinuó la gravedad de algunas afirmaciones de posible alegalidad sobre esta Asociación. Fue el momento más tenso de una sesión plenaria que se alargó durante dos horas.

FRAUDE EN EL GASÓLEO

La anécdota la protagonizó el portavoz de UPL, el veterano y camaleónico Matías Llorente, quien denunció que la Diputación estaba utilizando gasóleo agrícola para mover la maquinaria de las estaciones de invierno, algo que, dijo, podía ser hasta ilegal y un fraude.

En este sentido, Llorente reconoció que es un tema viejo, que viene desde los “tiempos del abuelete”, refiriéndose a Franco, pero que ya era hora de legalizar esta situación.