La nulidad de los acuerdos tomados en el Pleno del Ayuntamiento de la capital de diciembre de 2015 por los cuales se redujeron las percepciones de los concejales sin dedicación exclusiva ha sido ratificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el día de hoy.

La resolución de la referida sala estima parcialmente el recurso interpuesto por el Grupo Socialista sólo en lo relativo a uno de los puntos del fallo de noviembre de 2016 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid, pero mantiene la gran mayoría de los apartados anulados del acuerdo adoptado por el Grupo Socialista, con el visto bueno de Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede, por el cual, entre otras cosas, se redujo las percepciones de los concejales sin dedicación exclusiva.

En el acuerdo plenario se aprobó, además de la reducción de la retribución, que afectaba a nueve concejales del PP, dos de Sí Se Puede, uno de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos así como al no adscrito Jesús Presencio, otros puntos como la publicación en la web municipal de la agenda de todos los ediles, o la presentación de certificados mensuales sobre las características y funciones realizadas en sus puestos de trabajo que compaginan con el ejercicio de la política municipal.

La sentencia declaró nulos de pleno derecho los acuerdos por los que se reducía a un euro al año la percepción de los concejales que tienen cargo en otra institución --Jesús Julio Carnero, del PP; Héctor Gallego, de Sí Se Puede; y Pilar Vicente, de Ciudadanos--; así como la que recortaba hasta un mínimo de 2.750 euros la del resto de ediles sin dedicación exclusiva municipal.

Además, declaraba nulos, por considerados de carácter "instrumental" otros tres apartados de la moción, de la que sólo perviviría el relativo a establecer una proporcionalidad entre la retribución y el número de asistencias a plenos y comisiones.

La moción se aprobó en el Pleno municipal un mes después de que se produjera un debate sobre los sueldos del alcalde y los concejales con dedicación exclusiva que finalizó con la aprobación de un propuesta presentada por el PP que condujo a la reducción del salario de Óscar Puente de 82.900 euros a 76.500, al fijar como referencia la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limita esa cantidad a un 90% de la que percibe un secretario de Estado.

Una vez firme, los concejales afectados están en su derecho de reclamar las cantidades que han dejado de percibir en los meses que transcurran como consecuencia del acuerdo tomado en el Pleno.

En su día, el Grupo Popular consideró que la sentencia demostraba que el alcalde "ha vulnerado gravemente la Constitución", en su artículo 23.2 relativo al derecho de los ciudadanos a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, pues su presidente, Martínez Bermejo, interpretó entonces que el acuerdo era "discriminatorio" y trataba de situar en "posición de ventaja" a los concejales con dedicación exclusiva con respecto a los que no la tienen.

La resolución sí que ha estimado, por el contrario, el recurso del Ayuntamiento de Valladolid en el punto sexto, que se mantiene vigente y que hace referencia a la publicación en el portal de transparencia de la relación de los trabajadores y trabajadoras municipales que simultanean su actividad profesional en el Ayuntamiento con el desempeño de un cargo público, y emitirá un certificado mensual en los mismos términos expresados en el punto anterior de esta moción, dirigido a la Administración en la que ocupen el cargo, en el caso de que perciban alguna remuneración por su dedicación a la política".