Con una sensación de haber ganado una batalla importante pero con “prudencia”, el Ayuntamiento de Valladolid ha valorado positivamente el auto del juzgado de instrucción número 4 que rechaza la petición de suspensión cautelar de la remunicipalización del agua que reclamaba Aguas de Valladolid. El alcalde, Óscar Puente, a pesar de las cautelas, ha sido tajante al afirmar que “el 1 de julio el agua será pública”.

El regidor, que ha estado junto a María Sánchez, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para explicar la postura municipal sobre el auto conocido el pasado jueves, ha asegurado que se trata de “un buen paso”. No obstante ha remarcado que aún queda “mucho camino por recorrer”, en relación a los otros procesos que intentan “obstaculizar” la decisión municipal, como el de la abogacía del Estado y la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE).

Tanto el primer edil como Sánchez han sostenido que van a seguir trabajando con “firmeza, rigor y seriedad” para que el cambio en la gestión del agua sea “para mejor”. La concejal de Toma la Palabra ha aseverado que la decisión judicial responde a la “autonomía municipal que cabe en el derecho democrático” que tiene un Ayuntamiento para decidir en cuestiones de ciudad, y más cuando se trata de una decisión salida de una mayoría absoluta del pleno del mes de diciembre de 2016. “Votar ha de valer para algo”, ha remarcado, en relación al poder otorgado por los ciudadanos el Gobierno.

Puente ha defendido que se trata de un auto “muy contundente” con un contenido “inatacable” y que espera que haga a Aguas de Valladolid “tomar otro camino” porque, a su juicio, “se equivocan gravemente”. Para el primer edil, está en juego “la propia democracia” y por eso considera que “iremos hasta el final” para que la remunicipalización del agua sea una realidad e “irreversible”.

A la espera de colaboración plena

Una de las cuestiones que han centrado la rueda de prensa celebrada en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid es la relacionada con las “trabas” que Aguas de Valladolid estaba poniendo al Consistorio para dar toda la información relacionada con los recursos humanos de la empresa, es decir, los detalles contractuales de cada trabajador.

Para María Sánchez, están viviendo una “auténtica carrera de obstáculos” que espera que ahora sea más sencilla, al menos por parte de Aguas de Valladolid, ya que entiende que “ahora tienen que colaborar”. La edil ha remarcado que “volveremos a requerir unos datos que pertenecen a la ciudad, no a la empresa”. Algo que ha refrendado Puente y a lo que ha añadido que, de no ocurrir, “tenemos vías para que ocurra”.

Tanto es así que el Ayuntamiento ha decidido abrir un expediente a Aguas de Valladolid que actualmente se encuentra en trámite y del que pueden derivar sanciones económicas.

En este sentido de la situación de los trabajadores que se integren en la empresa municipal del agua, han afirmado que el auto del juez reconoce la subrogación de los mismos por “imperativo legal” del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, se trata de una decisión “jurisdiccional” y no “administrativa”.

Como ha informado el alcalde, los trabajadores pasarán a formar parte de la nueva empresa municipal no como funcionarios sino como indefinidos no fijos, una modalidad “perfectamente reconocida”. No obstante, ha asegurado que la intención es ir dotando de “estabilidad” a la plantilla cuando “la ley lo permita”.

Sobre la posibilidad de que esa subrogación no fuera posible por futuras decisiones judiciales –la abogacía del Estado centra su reclamación en ese punto-, ha relatado que “sería más difícil” esa remunicipalización, pero ha aclarado que “por muchos obstáculos no nos vamos a parar”.

Puente ha apelado a la “prudencia” y la “cautela” ya que, a pesar de que este auto reconoce los planes del Ayuntamiento para con los trabajadores, cabe esperar a las próximas resoluciones del  juzgado de instrucción número 4.

Por otro lado, el primer edil ha asegurado que el auto deja claro que Aguas de Valladolid “no tiene derecho” a continuar con el servicio de gestión del agua de Valladolid cuando finalice el contrato el próximo 30 de junio. Puente ha aseverado que parecía que Aguas de Valladolid “había adquirido un derecho sine die más allá del plazo del contrato”. “La prórroga del contrato no cabe porque es legalmente imposible”, ha sentenciado.

Asimismo, ha asegurado que la decisión judicial deja claro que “no hay ninguna normativa aplicable que impida la gestión del agua por parte del Ayuntamiento”, dado que no hay razones legales ni políticas al haber sido “legítimamente decidido” en el peno.

Por último, ha valorado que la decisión judicial reconoce que los estándares de calidad del servicio del agua no se ponen en riesgo por la gestión pública. Es más, ha asegurado que se reconoce que “la necesidad de inversiones en la red influye de manera positiva en la calidad de prestación del servicio”.

Por todo ello, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reconocido que el Ayuntamiento se debe de felicitar por esta resolución, que reconoce que se está trabajando “jurídicamente bien” y dentro de los márgenes de la ley.

María Sánchez, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha informado de que actualmente el contrato de electricidad, el más grande al que tiene que hacer frente la futura empresa municipal del agua, se encuentra en licitación pública. Así como el proceso de elección de gerente, puesto para el que actualmente hay 17 personas disponibles de las 31 que se presentaron.