Sentencia del crematorio de Ciudad Rodrigo, "demostración pésima gestión del PP"

Sentencia del crematorio de Ciudad Rodrigo, "demostración pésima gestión del PP"

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El pasado 16 de marzo de 2017, la sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha emitido una nueva sentencia en la que confirma la del Juzgado Contencioso – Administrativo de Salamanca, del día 30 de junio de 2016, en relación con el recurso interpuesto por un particular contra la resolución de Alcaldía 99/2014 por la que se otorga licencias urbanística y ambiental para la instalación de Velatorio-Crematorio en el camino del cementerio, número 54. La sentencia, una vez que adquiera firmeza, supondrá anular la licencia urbanística y ambiental de la instalación y condena en costas a los recurrentes (el empresario y el Ayuntamiento).


IU – En Común considera que esta sentencia vuelve a demostrar que los vecinos de la zona, organizados en Plataforma de Afectados por el Crematorio, y que contaron desde el primer momento con el apoyo de nuestro grupo municipal, tenían razón al considerar inapropiada la ubicación del crematorio.


A la hora de analizar lo sucedido es imprescindible hacer historia. Desde que se conoció la pretensión del anterior equipo de gobierno, liderado por Javier Iglesias y de su concejalía de urbanismo (Marcelino Cordero) de otorgar esta licencia, comenzó a haber un importante movimiento ciudadano y político.


A nivel cívico, se constituyó la Plataforma de afectados por el crematorio, que solicitó diversas reuniones con Javier Iglesias y Marcelino Cordero, en las que trasladaron a los responsables políticos su firme intención de realizar cuantas movilizaciones y recursos fueran necesarios. De igual manera, comenzaron una importante recogida de firmas y la presentación de alegaciones, realizando de manera paralela diversas manifestaciones reivindicando al Ayuntamiento que hiciera todo lo posible para evitar la situación.


IU fue el único grupo que presentó alegaciones


Desde el punto de vista político, el grupo municipal de Izquierda Unida (ahora IU-En Común) fue el único que presentó alegaciones al proceso, que acompañaron a las de la Plataforma y el movimiento ecologista. De igual forma, fuimos los únicos que finalmente nos opusimos a la concesión de la licencia urbanística y ambiental, votando en contra en la comisión de urbanismo del día 19 de febrero de 2014. Pero no nos quedamos exclusivamente en la crítica, sino que ofrecimos a Marcelino Cordero una solución, que consistía en negociar con la empresa una permuta para trasladar la instalación a una ubicación mucho más adecuada. Esta misma solución fue propuesta por la Plataforma y tanto Javier Iglesias como Marcelino Cordero se comprometieron con ellos a realizar esa gestión, señalando en pocas horas que había sido infructuosa.


No hay que olvidar que han sido muchas las advertencias sobre la falta de idoneidad de la ubicación de la actividad. Así, todas las alegaciones presentadas tanto por Izquierda Unida, la Plataforma de Afectados, los ecologistas y los particulares hacían referencia a cuestiones de carácter urbanístico y ambiental, indicando la necesidad de que este tipo de instalaciones no se sitúen en entornos residenciales, por sus potenciales peligros para la salubridad pública. Pero es que incluso el informe ambiental de la Junta de Castilla y León, siendo favorable, planteaba serias dudas sobre la ubicación de la instalación. En aquel momento ya avisamos de que ese informe debió ser concluyente, o haberse solicitado una aclaración.


Con la llegada de la primera sentencia, ya con la nueva corporación, este grupo municipal fue el único que, en la Junta de Gobierno de 21 de julio de 2016, votó en contra de presentar un recurso ante las instancias superiores.


"Herencia envenedada"


Debemos recordar que esta situación ha sido provocada por una pésima gestión del gobierno del Partido Popular que, como en casos anteriores (Plan de Ajuste, situación de la Policía Local…) deja una herencia envenenada y llena de agujeros. Los responsables políticos directos de esta situación tienen nombres y apellidos y aún mantienen puestos de responsabilidad en otras instituciones. Javier Iglesias y Marcelino Cordero, entendemos, deben dar explicaciones sobre si realizaron las gestiones comprometidas y pedir disculpas a los vecinos de la zona y al conjunto de los y las mirobrigenses.


La realidad es que, llegados a este punto, el actual equipo de gobierno va a tener que gestionar una situación con consecuencias impredecibles. Sin haber generado el problema, estamos en la obligación de intentar resolverlo con las menores consecuencias negativas para el Ayuntamiento y, por tanto, para el conjunto de la ciudadanía, sin menoscabo de que cualquier solución debe pasar por el cumplimiento de la sentencia.


Nuestra postura, en este proceso, estará siempre del lado de la legalidad y de los intereses generales del municipio.