"No quiero declarar nada". Con esas palabras, en boca de Miguel Ángel Muñoz Blas, presunto asesino de Denise Pikka, ha puesto fin este lunes al juicio por la muerte de la peregrina estadounidense en el mes de abril de 2015. Un juicio que ha estado marcado por el silencio absoluto del acusado, que ni quiso responder a ninguna de las partes durante su interrogatorio, ni ha querido hoy hacer uso de su última palabra.

En esta última jornada judicial la acusación particular ha querido elevar la condena que solicita para Muñoz Blas, de manera que el delito de asesinato pasa a una pena de 20 a 22 años, mientras que de cuatro a cinco se ha elevado el delito de robo con violencia, lo que hace un total de 27 años de prisión propuestos por la acusación, frente a los 25 que solicita desde un principio el Ministerio Fiscal, 20 por asesinato y cinco por robo.

La decisión de la acusación partiucular ha estado motivada por la negativa a declarar del acusado, que han considerado que "no ha ayudado a esclarecer los hechos", así como por el "ensañamiento" del crimen, debido al taslado del lugar en el enterramiento, la variación de versiones entre la confesión y la negativa y la actitud general de Miguel Ángel Muñoz Blas.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía, se han mostrado convencidos de que el sentido común de los miembros del jurado popular hará que se declare a Miguel Ángel Muñoz Blas, único acusado en el caso, como culpable del asesinato y el robo de la peregrina Denise Pikka Thiem, ya que, como han asegurado, "los indicios, su propia confesión y la actitud de burla durante la reconstrucción de los hechos en la que aportó detalles muy precisos" permiten "asegurar con total seguridad" que es el autor del crimen.

No obstante, la defensa de Miguel Ángel Muñoz Blas, ejercida por el letrado Vicente Prieto, ha defendido una vez más su inocencia y ha utilizado como coartada el hecho de que el estracto de la tarjeta de crédito de Denise Pikka efectuara un último movimiento el día seis de abril en un hostal de Hospital de Órbigo, cuando se considera que el crimen se produjo un día antes, el cinco de abril de 2015.

Por ello mismo, por la convicción de que su defendido no es culpable, el abogado de Muñoz Blas ha solicitado la disolución anticipada del jurado popular, al considerar que "no existe prueba de cargo", lo que el letrado ha denegado alegando que "no ha lugar".