La Alianza UPA-COAG está harta de la crisis que vive el medio rural y exige a la Junta de Castilla y León la adopción de políticas reales que permitan la pervivencia de la "única especie en vías de extinción, las personas". Por ello, ha convocado a agricultores y ganaderos de la región a una movilización que se celebrará el próximo día 3 de marzo en Valladolid, concretamente antes las consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente.

La movilización, bajo el lema 'Producimos alimentos. Creamos futuro', se iniciará a las 12.00 horas en la Plaza del Milenio y concluirá ante el edificio administrativo de la Junta, en la calle Rigoberto Cortejoso, en el que se encuentran los dos departamentos citados que dirigen, respectivamente, Milagros Marcos y Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a quienes responsables de la Alianza harán entrega de una tabla con sus principales reivindicaciones.

Las dos organizaciones convocantes, representadas en el acto de presentación celebrado hoy por el coordinador regional de UPA, Aurelio González, y el secretario regional de Organización de COAG y presidente de dicha OPA en Zamora, Lorenzo Rivera, justifican la movilización convocada en la grave situación del mundo rural, acuciado por el fenómeno del despoblamiento propiciado, a su juicio, por las políticas de la Junta, la caída de los precios agrícolas y ganaderos, una PAC que ha favorecido la especulación y una incontrolada fauna salvaje que no sólo provoca graves daños económicos sino que pone en peligro la seguridad de las personas.

"Basta ya de mesas y comités de expertos y más políticas que favorezcan el desarrollo económico del medio rural, garantizando la rentabilidad de las explotaciones y favoreciendo el trabajo de la mujer rural, y el desarrollo social, pues no es de recibo que los habitantes de los pueblos no tengan médicos y enfermeras suficientes", ha resumido Aurelio González.

El máximo responsable regional de UPA, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que ya en octubre de 2016 iniciaron movilizaciones para reclamar precios justos y hoy "no ha cambiado nada", en referencia a los que perciben actualmente los ganaderos de vacuno, ovino y caprino, en el caso del segundo de estos tres sectores por debajo de los de hace veinte años, así los que sufren los productores de terneros, conejos y lechazos o los pagados a los agricultores de secano y regadío, situados en niveles de "inviabilidad".

Ello, sumado a los efectos de la Política Agrícola Común (PAC), que en opinión de González no ha hecho otra cosa que propiciar la especulación, ha conducido a la fotografía de un sector agro-ganadero caracterizada por una pérdida continua de activos, como demuestra el hecho de que en 2008 eran 99.298 las personas que declaraban ingresos agrarios y en 2014 la cifra quedó reducida a 73.988, lo que supone una caída del 19,88 por ciento.

Tres agricultores perdidos al día

Los 50.145 cotizantes que en 2008 vivían exclusivamente del campo, reducidos en 2014 a 41.517 -8.628 ATP menos-, a una media de tres agricultores menos por día, y la caída de un 14 por ciento del rendimiento neto en dicho periodo han sido esgrimidos por González en su intento por esbozar la situación actual del sector y reclamar "medidas reales y efectivas que resuelvan problemas y cambien la política de libre mercado para evitar la especulación".

Pero además, los convocantes de la movilización acusan a la Junta de no hacer nada para controlar el incremento de la fauna, fundamentalmente lobos, ciervos, jabalíes, topillos y buitres, que no sólo están causando estragos en las explotaciones sino que también hacen peligrar la seguridad de los usuarios de las carreteras.

De hecho, González recuerda que, por un lado, en Castilla y León hay censados 1.600 lobos, idéntico número que los ataques registrados en 2016, y, por otro, que la irrupción de animales salvajes en las carreteras provocó el pasado año, tan sólo en las provincias de Zamora y Soria, un total de 2.000 siniestros.

En la tabla reivindicativa de la Alianza figura en un lugar destacado la exigencia de que la Junta cumpla su promesa, en el marco de su Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural, y abone de forma inmediata a los productores de remolacha los 3 euros por tonelada que tan sólo pagó durante las campañas 2009-2010 y 2010-2011 pero que, rompiendo el acuerdo mencionado, dejó de pagar en las tres restantes y que suponían unos 10 millones de euros anuales que beneficiaban a unos 4.000 remolacheros.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga a la Junta a cumplir lo comprometido, si bien, como así denuncia el líder regional de UPA, la repuesta de la Administración regional ha sido recurrir el fallo del TSJCyL.

También demandan ambas organizaciones la paralización del proyecto de construir una 'macroexplotación' de 20.000 vacas en Noviercas (Soria) que entra en clara colisión con el modelo "sostenible" que defienden y que, según sus cálculos, supondría la desaparición de 432 explotaciones lácteas y la destrucción de 726 puestos de trabajo directos.

"No existe ninguna explotación de este tipo en Europa, donde la media ronda las 130 reses. Es una auténtica barbaridad, algo inaudito y además se están aprovechando de la despoblación y falta de inversión en Soria para colarnos algo que no colarían en ninguna parte de Europa", denuncia públicamente Lorenzo Rivera, de COAG, quien por ello pide a la consejera de Agricultura que impida la puesta en marcha de este proyecto.