La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha aclarado este jueves sobre la investigación judicial de la adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', que puede haber tantas tasaciones como tasadores si bien ha apelado a las dos tasaciones oficiales encargadas una por el juez y otra a instancias de la Fiscalía para recordar que ambas demuestran que la Administración no pagó más que el precio fijado en ese momento.

"Vamos a confiar en la Justicia", ha reclamado una vez más la portavoz de la Junta, quien no ha dudado al reconocer respecto a la existencia de otras tasaciones que dan otros precios que "como no puede ser de otro modo cada uno defiende su tasación".

Marcos ha reafirmado que la Junta de Castilla y León está personada en este caso para poder actuar si se demuestra que hubo algún perjuicio para las arcas regionales. "Tengan en cuenta que actuaremos", ha reiterado la portavoz, quien ha ironizado sobre el interés de otros personados que sólo buscan sacar papeles o dar ruedas de prensa.

La presidenta y consejera delegada de Alia, Estefanía F.G, explicó el pasado lunes en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 2, que su empresa realizó en su día un informe por encargo de la Junta para evaluar el coste de la adquisición de 'La Perla' y que cifró en 39.167.961,84 euros.

La responsable de Alia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, aseguró que la Mutualidad de la Abogacía también le encargó un informe sobre el coste que supondría adquirir el inmueble pero que finalmente no se llegó a un acuerdo porque la entidad aseguradora, según ha desvelado, pretendía que la tasación se aproximara a los 52 millones de euros.

Por otro lado y preguntada por la información de la Cadena Ser según la cual la Junta de Castilla y León pagó entre 2007 y 2012 algo más de un millón de euros en concepto de alquiler por un edificio en Bruselas a una empresa administrada por Urban Proyecta PM3, la misma empresa que vendió el Edificio de Soluciones Empresariales, Marcos ha asegurado que la Administración sólo pagó el alquiler por los meses que ocupó el inmueble y ha negado cualquier indemnización.

Respecto a este contrato entre Junta y Urban Proyecta, ha respondido que el Gobierno autonómico sólo trabaja con realidades y no con sospechas y ha aclarado que la Administración no pone en duda a todo el que firma un contrato, a lo que ha añadido que no le consta ninguna reclamación.