El conflicto surgido en la empresa de telemárketing Konecta llegará a la Audiencia Nacional después de que haya terminado sin acuerdo el periodo de consultas entre sindicatos y empresa tras el anuncio de ésta última de implantar la jornada partida a casi 700 trabajadores (280 en Valladolid y cerca de 400 en Sevilla).

Así lo ha afirmado el presidente del Comité de Empresa, Ulises Pérez, de CGT, después de una reunión de los representantes de los trabajadores con los grupos socialistas en el Ayuntamiento de Valladolid y las Cortes de Castilla y León precisamente en el día en el que ha se ha mantenido la última de las reuniones del periodo de consultas, que ha finalizado sin acuerdo.

Ulises Pérez ha afirmado que la empresa "tenía la decisión ya tomada" de imponer estos turnos y ha criticado la falta de "buena fe" en una decisión que supone partir la jornada a trabajadores que la tenían continua, con dos horas entre partes para los que no acepten voluntariamente y una para los que sí lo hagan, pero además sin garantizar la hora de entrada. "Es estar toda la vida a expensas de las condiciones que la empresa marque", ha señalado el presidente del Comité.

Sin embargo, ha adelantado que una vez que no ha habido acuerdo en las consultas se abre un periodo judicial en el que se llevará el conflicto a la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir sobre la legalidad de las medidas que la empresa ha decidido tomar sin motivos, con la intención de aprovechar coyunturalmente una situación de reducción horaria por parte de Vodafone y llevar a cabo un cambio "global y profundo que trastoca toda la organización del centro".

A este respecto, ha advertido de que se pone "en riesgo" la estabilidad del centro, con una base social de trabajadores antiguos, una motivación para continuar "muy cuestionada" mientras se hacen unos contratos nuevos de 18 horas, "que impiden vivir", por lo que hay una situación de riesgo del mantenimiento en un futuro.

Así, Pérez teme que todo ello se haga con la intención de "degradar" las condiciones del personal antiguo, "lo que pone en riesgo la plantilla general a corto plazo" en una empresa que cuenta con unos 1.800 trabajadores en Valladolid y otros 2.400 en Sevilla.

Reunidos con el PSOE

El Comité de Empresa ha trasladado estas cuestiones al procurador del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León Pedro González, quien ha adelantado que se dirigirán a la Dirección de Trabajo para que sea "consciente y conozca" la situación por la que pasan los trabajadores a raíz de la Inspección hecha en diciembre que aún no ha obtenido respuesta. Además, se dirigirán a la Junta de Castilla y León para que entre en contacto con la empresa y conozca la situación.

"El tejido productivo que se ha perdido en Valladolid y las condiciones de trabajo que atraviesan algunos empleados de determinadas empresas hace que tengamos que poner pie en pared e intentar sumar esfuerzos, apoyar y que al menos las administraciones sepan la situación por la que pasando los trabajadores", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha explicado que el Consistorio ha "tomado nota" y ha afirmado que "preocupa" la situación.

Así, además de hacer un seguimiento junto a sus compañeros de las Cortes ha instado a las partes a que reconduzcan situación y la empresa recupere estándares de calidad que tenía, que son "muy altos", para que no se deterioren y no se ponga en riesgo la situación de miles de familias que quieren que sigan en Valladolid y mejoren sus condiciones en lo posible.

También esperarán a los contactos que el Comité tiene previstos con otros grupos porque empleo no es competencia propia municipal y si tienen que hacer una reivindicación política, tratarán de que sea unánime, aunque esperan que mejoren las condiciones de diálogo dentro de la empresa.