El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha hecho un llamamiento este miércoles a través de una PNL conjunta firmada por los seis partidos con representación en la Cámara (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y UPL) a analizar la actual situación del sector remolachero-azucarero con los representantes de los productores y con la industria con el objetivo último de establecer una "estrategia conjunta" basada en el diálogo y en la colaboración adecuada para poder mantener vivo un sector "estratégico" para la pervivencia del medio rural de la comunidad.

Los grupos han presentado esta PNL conjunta tras el anunciado cambio de modelo de contratación de siembra realizado por la empresa Azucarera Iberia, propietaria de tres de las molturadoras que hay en Castilla y León (Toro, La Bañeza y Miranda de Ebro), que se traducirá en una reducción del precio de la tonelada de la remolacha en torno a los 6 euros con el argumento de los bajos precios del azúcar, como han reconocido todos los partidos políticos que han compartido también el "malestar" y la "evidente tensión" que ha generado este anuncio en el sector productor en un momento de planificación de la próxima sementera.

Los grupos han considerado que esta "situación inédita", que deriva, a su vez, de la coincidencia en el tiempo del incremento de la superficie cultivada tras la desaparición del sistema de cuotas y de la coyuntura mundial de producción de los principales países con una caída del precio del azúcar, será "coyuntural" por lo que han pedido un "esfuerzo de análisis, de negociación y de diálogo" a todas las partes para "de manera serena, permanente y profunda" poder desarrollar una estrategia que permita garantizar la permanencia y el futuro de un cultivo que, según ha advertido David Castaño, de Ciudadanos, es fácilmente sustituible por otros productos, como el maíz.

En este sentido, el procurador leoenista, Luis Mariano Santos, ha admitido que los grupos no pueden imponer condiciones económicas a nadie pero ha pedido que ese acuerdo no exija sacrificios a los remolacheros "por debajo de lo exigible y aceptable" para que puedan "subsistir" produciendo remolacha y se pueda mantener también la mano de obra en las fábricas.

"Todo apunta a que la situación va a ser coyuntural aunque nadie sabe cuánto va a durar", ha admitido por su parte el 'popular' Óscar Reguera que se ha mostrado convencido de que el sector remolachero de Castilla y León tiene futuro en un sistema sin cuotas por lo que ha requerido al Gobierno que solicite al Consejo de Ministros de la Comisión Europea que adopte una serie de medidas de mercado como la puesta en marcha de una ayuda al almacenamiento privado para poder estabilizar los precios al alza y recuperar el sector "en términos de velocidad de crucero razonable".

En el caso del Grupo Socialista, el procurador Lorenzo Tomás Gallego ha recordado que hace un año se defendió la liberalización del mercado del azúcar como "una oportunidad para Castilla y León" por el aumento de la superficie de remolacha y el repunte de la producción que se ha visto afectado ahora por una caída de los precios del azúcar.

"El sector se enfrenta a su más grave situación", ha lamentado Gallego que ha compartido con el procurador 'popular' la necesidad de que Europa adopte las medidas previstas en el Reglamento para evitar que el actual "ruido de intereses" entre las partes confunda al agricultor, con un llamamiento expreso a la Junta para que ejerza el poder que tiene al respecto.

Finalmente, por parte de Podemos, el procurador Félix Díez Romero ha deseado también que esta situación coyuntural pueda ser "salvable" y, tras reconocer que la industria pasa por un "mal momento" ante "una de las crisis más importantes", ha afeado a Azucarera el incumplimiento unilateral del AMI. "Se podía intuir que la liberalización no podía traer nada bueno para Castilla y León", ha considerado para reconocer también que el contexto internacional no ha sido "nada favorable" para un sector al que se vuelven "todas las miradas" para fijar población o hablar de transición ecológica.