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Toda la oposición señala que el HUBU es "oscuro e irregular"

19 noviembre, 2018 13:43

Todos los grupos de la oposición en las Cortes --PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto-- se han unido entorno a un documento de conclusiones sobre la Comisión de Investigación en la que se ha analizado el "sobrecoste" del Hospital de Burgos(HUBU), un proceso que han determinado que es "oscuro e irregular", al tiempo que han avanzado que estudian si existe algún tipo de "ilícito penal" para llevar el correspondiente informe a Fiscalía.

En concreto, la portavoz del PSOE en esta Comisión, Mercedes Martín, ha destacado que con estas conclusiones el PP se "ha quedad solo" después de haberse visto "forzado" a impulsar esta Comisión sobre las que, a su juicio, los 'populares' tenían cerradas las conclusiones desde el inicio y se han dedicado a "negar la realidad".

"Ha sido un proceso oscuro y lleno de irregularidades del principio a fin", ha señalado Martín, quien ha considerado que con la gestión "público-privada" del HUBU el PP "se ha quitado la careta", ya que la elección de este modelo se sustenta "en una decisión política e ideológica y no en la defensa de los intereses de los ciudadanos".

Martín ha defendido que el PSOE aboga por una gestión "cien por cien" pública frente a la "herencia envenenada" que deja el PP y ha asegurado que existe una "necesidad clara e imperiosa" de revertir a lo público la gestión del hospital, algo para lo que ha garantizado el compromiso del PSOE.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Comisión, Laura Domínguez, ha considerado que con el trabajo de la Comisión ha quedado claro que el modelo elegido para el HUBU es "nefasto" para la sanidad pública. Así, ha defendido también su "necesaria" recuperación pero "no a cualquier precio" ni a costa de devolver el dinero a la empresa concesionaria.

Para Domínguez su recuperación es necesaria desde la búsqueda del beneficio tanto para los ciudadanos como para la administración y las arcas públicas y ha considerado que existen suficientes "incumplimientos" por parte de la concesionaria que llevan a esta conclusión, ya que los 14 servicios no asistenciales existentes "no funcionan".

"Es un modelo plagado de desventajas", ha aseverado la portavoz de Podemos en la Comisión.

Del mismo modo, el portavoz de Ciudadanos en la misma, Manuel Mitadiel, ha reseñado que se ha visto en el transcurso de los trabajos que la gestión del HUBU es "perjudicial" para las arcas públicas. Así, ha destacado que el problema no se centra únicamente en el modelo sino en la "mala gestión".

Para Mitadiel con la adjudicación del Hospital del Burgos se vivió "la multiplicación de los panes y los peces", ya que existió un sobrecoste de "al menos 37 millones de euros".

No obstante, el portavoz de Ciudadanos ha destacado que desde su partido político se defenderá una reversión a lo público siempre que se obtengan recursos económicos "beneficiosos" para la administración y que el coste no obligue a frenar las inversiones en Sanidad.

Por último, el procurador de IU, José Sarrión, ha defendido que los trabajos realizados por esta Comisión eran "absolutamente necesarios" y ha señalado como conclusiones esenciales que el HUBU se convirtió en un "coladero" de dinero pública, hubo una "opacidad permanente" en todo el proceso" y únicamente se benefició en este proceso a la empresa concesionaria.

Fiscalía 

En cuanto a la posibilidad de que se haya detectado algún indicio de delito, el procurador del PSOE presente en la Comisión Luis Briones ha asegurado que sí existen actuaciones y contratos que "pueden ir más allá". En concreto se ha referido a dos modificaciones de contrato y a las mesas cuatro y siete.

De este modo ha asegurado que los grupos van ahora a valorarlo por si estas presuntas "irregularidades" pudieran incurrir en "algún tipo de ilícito penal" y van a estudiar si finalmente estos informes se envían a Fiscalía para su investigación judicial.

Así, tras detallar estas conclusiones PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto han rubricado un documento de 45 conclusiones concretas que, a juicio de los grupos, dejan claro tanto el "sobrecoste" como la "opacidad" en el proceso de gestión y adjudicación, a lo que, además, suman la necesidad de reversión a la gestión pública pero "no a cualquier precio.