El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a la Universidad de Valladolid por extinguir de forma improcedente el contrato de uno de los siete profesionales que hasta 2017 formaron parte del equipo encargado de desarrollar el Programa de Detección Precoz de Metabolopatías (hipotiroidismo', fenilcetonuria y fibrosis quística), también conocido como 'la prueba del talón', para todo el territorio de Castilla y León. La resolución condena en costas a la UVA por dicho recurso

En su auto, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo acuerda inadmitir el recurso de casación interpuesto por la UVA y confirma y ratifica la dictada, por unanimidad, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León formado en Sala General por sus ocho magistrados, en diciembre del mismo año.

La sentencia cobra así firmeza y obliga a la institución académica a indemnizar a la demandante, la médico M.F.C, con 89.952 euros, toda vez que la demandada se había negado a la readmisión, que era otra de las opciones.

En idéntica situación se encuentran otros seis integrantes de este equipo que, al igual que la anterior profesional, ganaron sus respectivas demandas tanto en el Juzgado de lo Social como en el TSJCyL y que, a falta de la resolución del Supremo respecto de los recursos también interpuestos por la UVA contra las seis condenas, podrían conllevar que la institución académica tuviera que desembolsar en su conjunto indemnizaciones por importe cercano a los 400.000 euros.

En síntesis, las sentencias recurridas entienden acreditado que los demandantes, durante la vigencia de la relación laboral, con una media de 25 años de antigüedad, no solamente realizaron funciones en relación con el programa de cribado neonatal -prueba del talón- al que se encontraba vinculada su contratación, sino que también realizaron tareas en relación con otros proyectos de investigación desarrollados en la Facultad de Medicina, en el IBGM, y también en la Fundación General de la UVA.

Pruebas a todos los nacidos desde el 90. 

Se trataba de un equipo formado por dos médicos, una bióloga, dos técnicos de laboratorio y dos oficiales de administración, que venían realizando dicha prueba para todos los recién nacidos del territorio de Castilla y León desde 1990 hasta la fecha de su despido, todos ellos bajo la defensa del Abogado Eduardo Ortega Gómez.

La asignación a los demandantes de tareas ajenas al servicio objeto del contrato conducía a concluir que habían sido celebrados en fraude de ley, y, por tanto, conforme dispone el artículo 15 ET, debe presumirse el carácter indefinido de la relación laboral, sin que la finalización de la obra o servicio puede operar como causa válida de extinción del contrato.

En el caso presente, la colaboración a la que se encontraban vinculados los contratos de los actores finalizó por razones de índole económica, a instancia de la propia entidad empleadora, la Universidad de Valladolid, circunstancia que, en atención a doctrina jurisprudencial reiterada, no puede tampoco amparar la extinción válida del contrato de obra.

Los Convenios de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid vinculados al desarrollo del Programa de detección precoz de enfermedades congénitas se sucedieron y prorrogaron anualmente hasta 2008, pasando a partir del año 2009 a la concesión directa de una subvención por parte de la Junta de Castilla y León a la Universidad de Valladolid destinada a sufragar los costes del servicio, inicialmente realizado a través del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, y posteriormente a través del Instituto de Biología y Genética Molecular.

Sin embargo, el 14 de julio de 2016 el entonces rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel, dirigió una comunicación al consejero de Sanidad anunciando la finalización de la colaboración con el programa de detección de enfermedades metabólicas en fecha 31 de octubre de 2016, coincidiendo con la finalización de la subvención anual, por exceder el coste de dicho programa, en el que habrían integrarse cuatro pruebas adicionales, de la cuantía de la subvención recibida para su desarrollo.

Las entidades codemandadas convinieron que la UVA continuara desarrollando el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas hasta 31 de enero de 2017, de forma que el mismo ha sido asumido por la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, adscrita a la Administración Autonómica.