La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) deberá abonar fianza de 2.000 euros si persiste en su pretensión de figurar como acusación popular en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid contra un agente de este Cuerpo y otras 18 personas por presuntos delitos de cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Así lo ha acordado el juez instructor, José María Crespo, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas y en el que advierte de que el ejercicio de la acción popular lleva la necesidad de constitución de fianza, "dada la posibilidad, más o menos acentuada, de que se vean afectados alguno o varios de los investigados, incluso terceros, de modo incorrecto, según el devenir de la causa".

El instructor recuerda también la condición de la AUGC como asociación y, por tanto, que "sus posibilidades económicas impiden fijar una elevada cantidad de fianza que supusiera de facto la exclusión del ejercicio de la acción popular, pues sería contrario al principio de tutela judicial efectiva. Por ello la cantidad que se considera adecuada es la de 2.000 euros".

Contra dicho auto cabe recurso de reforma ente el mismo juez y subsidiario de reforma ante la Audiencia Provincial, posibilidad que está estudiando en estos momentos la AUGC para lograr la personación sin necesidad de abonar cantidad alguna.

La AUGC justifica su solicitud de personación en el hecho de que en las investigaciones figure como principal implicado un agente adscrito a la Comandancia de Valladolid, y es ahí donde recuerda que "los objetivos prioritarios de esta asociación, amén de los profesionales que les resultan propios, es la persecución de conductas de corrupción dentro del seno de la Guardia Civil o protagonizadas por sus integrantes".

La asociación tuvo conocimiento de que el Juzgado de Instrucción 1 abrió a finales de marzo investigación por la 'Operación Rosado', saldada entonces con la detención de 47 personas en una macrorredada contra una organización de tráfico de droga y blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), y de forma paralela otra, como pieza separada, contra diecinueve de las presuntas implicadas, entre ellas el referido guardia civil, por delitos de cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El nombre de este agente salió a relucir en el transcurso de los pinchazos de la 'Rosado', fruto de los 'pinchazos' telefónicos de la Policía Nacional, como persona que, supuestamente, mantenía contactos con algunos de los detenidos, entre ellos empresarios, para suprimir multas a cambio de regalos y otras prebendas.

"Dicha conducta presuntamente delictiva afecta al interés general,
constituyendo, de haberse perpetrado, un delito público cuyos perjudicados no sólo son la colectividad social, sino que incluye como perjudicado cuasi particular a la AUGC que represento y cuya finalidad incluye la persecución como propia de toda actuación que pueda mermar el buen nombre de la Institución a la que todos los asociados pertenecen y, por ende, a ellos mismos como miembros de dicho Instituto", justifica el letrado de la asociación.